Estela Ambriz Delgado
Si bien es importante frenar la emisión de contaminantes a la atmósfera, como los generados por la incineración de residuos para elaborar ladrillos, la criminalización de esta actividad no es la solución a la problemática, pues no se han garantizado a este sector condiciones o alternativas de trabajo que no pongan en riesgo su salud y la de la población, así como al medio ambiente.
La doctora en Derechos Humanos, Suhey Tristán Rodríguez, quien realizó una investigación sobre injusticia y discriminación ambiental en sectores marginados como en los que se sitúan algunas ladrilleras en la ciudad de San Luis Potosí, considera que las autoridades han sido omisas respecto al derecho de las personas que se dedican a esta actividad, a tener un trabajo digno que no ponga en riesgo su salud.
Tristán Rodríguez expresó que efectivamente las personas que se dedican a la producción de ladrillo utilizan en su mayoría cualquier desecho que sirva para hacer combustión, como llantas o plásticos, que liberan al ambiente diversos contaminantes, con implicaciones importantes en salud.
Sin embargo, el Estado no se ha interesado por explicarles a fondo las consecuencias de esta actividad y ofrecer alternativas, pues es un medio de subsistencia desde hace décadas para sus familias.
En este sentido, enfatizó en que estas personas son quienes principalmente ven afectada su salud, pues todo el tiempo aspiran los contaminantes, aunque muchos ignoran que están en riesgo, por lo que a través de un Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), diversas disciplinas convergen en un proyecto sobre el tema.
Respecto a si esta actividad constituye un delito ambiental, la investigadora manifestó que criminalizar a estos trabajadores no es la solución, pues ellos lo que buscan es una forma honesta de subsistir.
“Sinceramente no creo que la solución ante el caso de la injusticia ambiental sea criminalizar a quienes están ganándose la vida de alguna manera (…). Para mí esa idea de clausurar, vigilar, castigar y establecer responsabilidades penales, la criminalización, me parece que no es la vía”.
Por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), hasta ahora las únicas acciones que ha tenido sobre el tema han sido algunas clausuras, como en el caso de la ladrillera ubicada en Peñasco que fue suspendida el pasado lunes 29 de abril.
