Xochiquetzal Rangel
José Luis Espinosa Piña, delegado de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, emitió un exhorto a los legisladores de San Luis Potosí y a la sociedad potosina para que se impida la violación a la Constitución Política en el tema de interrupción legal del embarazo
Puntualizó que lo que se busca es que las iniciativas que proponen la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, las cuales presentaron Alejandra Valdés Martínez y Pedro César Carrizales Becerra, no se voten a favor, es decir, que no se permita la interrupción legal del embarazo, ya que, dijo, el aborto por violación ya está aprobado en todo el país.
“Se está cometiendo una aberración jurídica con las iniciativas que se presentaron en San Luis Potosí”, condenó.
Explicó que las iniciativas presentadas por los legisladores pertenecientes Morena contravienen tratados internacionales como el Pacto de San José, el cual prevé que se garantice “como derecho inalienable, irrenunciable, el derecho a la vida desde su concepción”, y el artículo primero de la Constitución Mexicana, que con la reforma de 2011 cambia la narrativa de individuo por persona, quien podrá gozar de las garantías como el derecho humano a la vida.
El llamado que realizó directamente a los diputados fue: “opten por la vida porque es optar por la Constitución; opten por el derecho porque es optar por la razón expresada en la norma positiva; opten por la doctrina internacional a favor de la vida, opten por la ciencia, opten por la ontología”.
Las iniciativas para el aborto legal presentes en la gaceta de agosto de 2019 plantean reformas al Código Penal de San Luis Potosí con el fin de que las mujeres puedan ejercer el derecho de interrumpir legalmente el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.
En la propuesta presentada por la diputada Alejandra Valdés en conjunto con la activista Arely Torres, se pide la reforma a los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, así como la adición al mismo en los artículos 57 y 58; la adición al artículo 58 bis y 58 tercero de la Ley de Salud, que contemplan, además del plazo para la interrupción legal, que la Secretaría de Salud proporcione los mecanismos e instrumentos para la interrupción legal y la prevención en materia de educación sexual, así como que se adicione que una condicionante para el aborto legal sea si se pone en riesgo la salud de la mujer.
Por su parte, la iniciativa de Pedro César Carrizales propone la adición de dos párrafos al artículo 12 de la Constitución Política del Estado para reconocer en el mismo el derecho a la interrupción legal del embarazo, así como el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser adoptados bajo la procuración del Estado.
