Fernanda Durán
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, debido a que elementos de la Guardia Nacional (GN) provocaron la muerte de una menor de edad embarazada, tras una persecución en Jalisco, por uso indebido de la fuerza.
La CNDH calificó el hecho como una violación grave a los derechos humanos tras la agresión cometida contra una pareja que se trasladaba por la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara, a bordo de una camioneta, cuando tres elementos de la GN comenzaron a perseguirlos porque presuntamente circulaban exceso de velocidad y no traían placas.
El conductor de la camioneta no atendió la orden de alto, por lo que inició la persecución y concluyó cuando los agentes de la GN accionaron sus armas de fuego contra el vehículo; al efectuar la detención se percataron de que un pasajero, “mujer menor de edad y embarazada”, perdió la vida a causa de los disparos.
La Comisión recibió la queja por estas violaciones el 19 de noviembre de 2021, por lo que en su expediente de queja contiene informes, testimonios y pruebas documentales que permiten corroborar lo dicho en la recomendación.
El organismo aseguró que cuenta con evidencia suficiente para acreditar la agresión, ya que no actuaron conforme lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Manual de Uso de la Fuerza, entre otras regulaciones que contemplan el uso de la fuerza y armas de fuego.
“El uso de la fuerza aplicado por los elementos de la GN no fue gradual, ni se intentó reducir al mínimo los daños, y no se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable”, señaló la comisión.
Con ello desmiente la versión de los elementos de la GN, donde declaran que el conductor iba armado y que por esa razón intentaron disparar a los neumáticos para que la camioneta se detuviera.
La dependencia explicó que la autopsia reveló que la mujer “perdió la vida a consecuencia de las alteraciones en los pulmones, médula espinal e hígado debido a dos heridas por proyectiles de arma de fuego penetrantes con orificio de entrada en hemitórax posterior”.
Finalmente, la recomendación instruyó a la SSPC para que inscriba a las víctimas directas e indirectas en el Registro Nacional de Víctimas, con el objetivo de que exista una reparación del daño.
En cuanto a la corporación, deberá impartir un curso sobre el Manual de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, específicamente sobre el uso legítimo de las armas de fuego, así como el seguimiento de la denuncia administrativa contra los servidores públicos responsables.
