Fernanda Durán
La Colectiva ILE celebró un nuevo alcance significativo en la lucha por los derechos reproductivos al obtener una sentencia de amparo que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación en San Luis Potosí. Esta decisión fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito, marcando al estado como el decimonoveno en el país en adoptar esta medida.
El fallo, inscrito en el expediente 765/2024, declara la inconstitucionalidad de varios artículos de la Constitución local y del Código Penal del Estado, que anteriormente criminalizaban el aborto. Esta resolución obliga al Poder Legislativo a derogar los artículos impugnados, un avance crucial para la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Los artículos declarados inconstitucionales son: 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 148, fracción I y II; 149 y 150, fracción III del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí.
Durante una rueda de prensa, activistas de la Colectiva ILE y abogados del Colectivo Praxis Combativa subrayaron la importancia de la sentencia y el respaldo jurídico que recibieron, incluso en medio de un paro del Poder Judicial Federal.
Los abogados indicaron que, bajo la circular 16/2024 del Consejo de la Judicatura Federal, se consideró la urgencia del caso, lo que permitió su avance.
El fallo no sólo implica la eliminación de penalizaciones para quienes busquen interrumpir su embarazo, sino que también es un paso hacia la reforma de la Ley de Salud en el estado. Las activistas destacaron que la implementación efectiva de esta sentencia requiere cambios normativos que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, información y educación sobre los derechos reproductivos.
La determinación se suma a una resolución previa del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que ordenó al Congreso discutir una iniciativa ciudadana presentada por la Colectiva ILE, la cual debe ser dictaminada antes del 26 de noviembre de 2024. La combinación de ambas sentencias proporciona un marco robusto para avanzar en la legislación de derechos reproductivos en la región.
Sin embargo, las integrantes de la Colectiva ILE advirtieron que, aunque la sentencia ha sido emitida, el verdadero desafío radica en su implementación.
Reiteraron la necesidad de continuar presionando por reformas legislativas que aseguren el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo, pues hasta que no se realicen estos cambios, seguirán los obstáculos para el acceso a estos servicios.
Desde el 23 de septiembre, las mujeres y personas gestantes ya no están sujetas a sanciones penales por buscar interrumpir un embarazo. Ante posibles dificultades para acceder a servicios, la Colectiva ILE ha ofrecido asesoría jurídica gratuita a través de sus plataformas digitales.
La sentencia del juez, que considera que el plazo de 12 semanas es un periodo razonable para la toma de decisiones, refuerza el derecho a la autonomía personal y la dignidad de las mujeres. Además, señala que las leyes que penalizan la interrupción del embarazo tienen un impacto desproporcionado en las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, perpetuando ciclos de desigualdad.
La Colectiva ILE y el Colectivo Praxis Combativa hicieron un llamado a la ciudadanía y a los legisladores para que se respeten y cumplan las resoluciones judiciales, insistiendo en la urgencia de avanzar en la reforma de la legislación estatal en materia de derechos reproductivos.
Ante esta situación, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud, afirmó que actualizarán la normativa local tanto para respaldar este derecho en las instituciones de salud como para su despenalización.
“Uno de los aspectos más importantes, porque una de las cosas son las políticas públicas en torno a este derecho para la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, y que podamos respaldar las acciones a través de las políticas públicas y la otra es modificar el Código Penal. Ese es un tema pendiente y lo promoveremos y fundamentaremos porque ninguna mujer debe de ir a la cárcel por ejercer sus derechos; eso ya no lo podemos permitir ni en México ni en San Luis Potosí”.
