Texto y fotografías de Desiree Madrid
El Colectivo ILE (Interrupción Legal del Embarazo) presentó un documento en el que se le pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer sobre la constitucionalidad de varios artículos del Código Penal local, los cuales criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo.
La colectiva hace referencia a los artículos 148 fracciones I y II, 149 y 150 fracción III del Código Penal de San Luis Potosí, que permiten la judicialización de investigaciones y procesos penales contra mujeres gestantes que decidan abortar dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Este pronunciamiento surge tras la reciente sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en el Noveno Circuito, que genera dudas sobre la legalidad de estas disposiciones y su posible inconstitucionalidad, especialmente en lo relativo a la interrupción del embarazo dentro del marco de las primeras 12 semanas.
El Colectivo ILE señaló que el principal objetivo de este pronunciamiento es aclarar malentendidos y evitar que mujeres y personas gestantes se expongan a riesgos al intentar interrumpir su embarazo sin el apoyo del sector médico, por miedo a ser castigadas.
“Queremos dejar claro, sobre todo a los grupos conservadores como el Consejo Coordinador Ciudadano, que la despenalización del aborto hasta las primeras 12 semanas ya es un hecho desde el 26 de septiembre”, subrayaron.
Por su parte, Fátima Alvizo, representante de la colectiva Marea Verde, destacó que el próximo paso crucial será la votación en la Comisión Primera de Justicia sobre un dictamen relacionado con el inicio del proceso hacia la despenalización del aborto.
Alvizo precisó que las colectivas no buscan la interrupción legal del aborto a partir de la semana nueve, sino que defienden su despenalización hasta las 12 semanas de gestación.
“La educación sexual plena es clave para garantizar que ninguna mujer sea penalizada o criminalizada por su decisión. Además, es fundamental que las mujeres puedan acceder legalmente a la interrupción del embarazo en los servicios de salud públicos”, expresó Alvizo.
Según datos de la colectiva, 246 mujeres potosinas han viajado a Ciudad de México para interrumpir su embarazo de manera segura, lo que subraya la necesidad de garantizar este derecho en el estado. La colectiva ha brindado acompañamiento a al menos 600 mujeres en este proceso.
Durante la sesión de la Comisión Primera de Justicia, las y los diputados aprobaron por mayoría el dictamen que despenaliza el aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación, atendiendo las sentencias del Juzgado Tercero de Distrito y del Tribunal Electoral del Estado.
La Comisión Primera de Justicia fue la primera en recibir el dictamen que deroga los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal de San Luis Potosí. Este fue votado a favor por las y los legisladores María Leticia Vázquez Hernández (PT), Tomás Cruz Zavala (PT), Carlos Artemio Arreola (Morena), Jessica Gabriela López Torres (Morena) y Dulcelina Sánchez de Lira (PV).
En contra solo votó Rubén Guajardo Barrera (PAN), quien señaló que el juzgado federal que emitió la sentencia se extralimita al obligar al Congreso del Estado a derogar las disposiciones mencionadas.
Las colectivas presentes en la sesión celebraron la aprobación del dictamen, aunque aún queda pendiente la implementación de reformas en la Ley de Salud del Estado para garantizar la accesibilidad, calidad y educación en torno a la interrupción legal del embarazo, así como las de la Constitución referentes al dictamen.
Aún falta que el dictamen pase por las comisiones de Salud y Derechos Humanos.
