María Ruiz
A unos días de la conmemoración del 8 de marzo (8M) por el Día Internacional de la Mujer, la colectiva “Movilización vivas nos queremos San Luis Potosí” emitió un posicionamiento en el que denuncia las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), José Luis Ruiz Contreras, y exige que las autoridades respeten el derecho a la protesta sin criminalizar las manifestaciones feministas.
En el documento dirigido a diversas instituciones de seguridad y derechos humanos, así como a los medios de comunicación y la ciudadanía, las activistas subrayan que “el derecho de protesta y manifestación es un mecanismo legítimo de expresión para la exigencia de nuestros derechos”, y advierten sobre la ilegalidad de cualquier uso de la fuerza contra las asistentes.
Uno de los puntos que más preocupa a las feministas es el discurso estigmatizante de las autoridades hacia el movimiento, por lo que exigen que se abstengan de hacer este tipo de declaraciones “contra las manifestantes y las movilizaciones feministas que se pronuncian contra la violencia de género que vivimos las mujeres”.
También señalan la importancia de garantizar la seguridad de las asistentes y piden apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos.
“Denunciamos la ilegalidad de cualquier intervención de esta Secretaría y recordamos que parte de sus funciones es garantizar la seguridad de todas las asistentes”, recalcan en el documento.
Un punto clave del pronunciamiento es la postura de la colectiva respecto a las pintas y modificaciones de monumentos en el marco de las protestas feministas.
En el comunicado, enfatizan que estos actos son “manifestaciones de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos o vandálicos que justifiquen el uso de la fuerza pública o detenciones antes, durante y después de la manifestación”.
Además, hacen un llamado a periodistas y aliadas a documentar cualquier intervención de elementos de seguridad pública durante la marcha, para evitar abusos y represión contra las manifestantes.
También para garantizar el respeto a los derechos de las asistentes, las feministas solicitan la presencia de personas observadoras que documenten cualquier violación a los derechos humanos, por lo que piden que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Municipal de Derechos Humanos sean parte de este proceso.
