María Ruiz
La decisión de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de retirar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios de Matehuala, Tamazunchale y Tamuín, ha generado gran controversia y preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas.
La decisión se fundamenta en el documento de “Actualización de Resolución”, donde se argumenta que estos municipios han cumplido con las acciones requeridas y ya no presentan muertes violentas de mujeres. A pesar de esto, la alerta se mantiene vigente en los municipios de Ciudad Valles, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, donde los índices de violencia de género aún son alarmantes.
Organizaciones como el Frente Marea Verde San Luis Potosí, junto con diversas colectivas y defensoras de derechos humanos, han manifestado su desacuerdo con esta resolución.
Consideran que el retiro de la alerta es prematuro y puede poner en riesgo los avances logrados en la protección de las mujeres en estos municipios.
Además, argumentan que la ausencia de muertes violentas no es un indicativo suficiente para asegurar que la violencia de género ha sido erradicada, ya que existen otras formas de violencia que afectan a las mujeres.
Por ello, estas organizaciones trabajan en la elaboración de un comunicado nacional que busca ser respaldado por asociaciones, colectivas, académicos y defensoras de derechos humanos a nivel nacional. El objetivo es presionar a las autoridades para que reconsideren esta decisión y se aseguren de que la protección de las mujeres todavía sea una prioridad en todos los municipios de San Luis Potosí.
La preocupación radica en que el retiro de la alerta podría desincentivar la implementación de políticas públicas efectivas y la asignación de recursos necesarios para combatir la violencia de género. Además, se teme que este acto envíe un mensaje equivocado sobre la gravedad y persistencia de la violencia contra las mujeres en el estado.
En este contexto, la vigilancia y presión de la sociedad civil son fundamentales para garantizar que los derechos de las mujeres sean protegidos y que los esfuerzos por erradicar la violencia de género no se vean disminuidos por decisiones que podrían considerarse apresuradas.
