Eduardo Delgado
La magistrada Adriana Monter Guerrero objetó la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Jorge Andrés López Espinosa, que declaró sin materia su queja contra el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, “con el argumento de que me regresó a mi cargo de secretaria de Estudio y Cuenta”.
La víctima de “acoso, violencia de género y violencia a mi dignidad como persona, a mi honra, mi trayectoria, a mi derecho a una vida libre de violencia por ser mujer”, interpuso el recurso el pasado 21 de junio y en él pidió que su impugnación sea remitida al organismo nacional de protección a las garantías individuales.
El haber declarado sin materia la violación a sus derechos humanos, sospecha, es un indicio de la colusión y complicidad del ombudsman potosino con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“Eso me parece de suyo grave porque es una responsabilidad en la que incurre tanto el presidente como el visitador, por no haber investigado hechos que por ley debieron investigar, para luego determinar si procede o no una recomendación”, añadió.
“Promoví la impugnación ante la CNDH, en la que hago notar estas omisiones, tanto del visitador como del presidente, principalmente, porque yo siempre he insistido en que hay colusión con Almazán Cue”, amplió en entrevista con Astrolabio Diario Digital.
Estimó que la impugnación, que presentó hace poco más de dos semanas “ya la debieron haber remitido a la CNDH”.
– ¿El presidente de la CEDH da por subsanada la violación?
– Yo reclame violación a mis derechos humanos, que deben ser sancionados y eso debe investigarse.
Recordó que se quejó en febrero y en mayo le informaron que resulto improcedente, porque “simple y sencillamente se concretó a decir que el presidente del Poder Judicial le informó que me regresó como secretaria de Estudio y Cuenta al Juzgado Segundo Civil y por ende se quedaba sin materia la queja”.
– ¿Qué opina de la postura del presidente de la comisión estatal en el caso de la abogada desalojada por el Ayuntamiento comparado con el suyo? Pues en caso de la abogada anunció la apertura inmediata de un expediente de queja contra en titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia.
– Primero, le expreso a ella (María Teresa Carrizales Hernández) mi sororidad porque nadie, nadie, tenemos derecho a violentar la dignidad humana de ninguna persona. Me hago solidaria con ella y le expreso mi apoyo absoluto.
Sostuvo que si la dignidad humana es la base de los derechos humanos y por ende la base del respeto al estado de derecho, “entonces cualquier acción, de cualquier autoridad, tiene que estar sujeta a ese estado de derecho”.
Es tiempo, considero, de que “altas funcionarias, mujeres, que se encargan de velar por la no violencia a la mujer alcen la voz. Ya basta, es muy evidente, tal pareciera que la violencia hacia la mujer es ya una constante y no una excepción… ya esta radicalizada y eso no puede ser”.
Calificó como positiva la postura de Jorge Andrés en el caso de la abogada desalojada hace unos días de manera violenta de la Oficialía Número 11 del Registro Civil.
“Espero que actúe con ética y profesionalismo, como debe de actuar en todos los casos, porque en mi caso no fue así. En el mío hubo un sesgo en favor de Almazán Cue y en este caso espero que no actúe bajo otros intereses”, confió.
