Por Victoriano Martínez
En el combate a la delincuencia, la estrategia para lograr que la población pueda vivir sin miedo se ha planteado como si se tratara de un problema de comunicación y no de uno de inseguridad. Efectos de afanes propagandísticos antes de que un servicio y compromiso real con la población.
El episodio reciente más significativo y, sobre todo, de proyección hasta internacional ha sido el de los secuestros masivos de migrantes sobre la Carretera 57, en territorio potosino, entre Guadalcázar y Matehuala.
En el caso de los 50 migrantes y dos choferes secuestrados la semana pasada, el duelo de versiones antes que de acciones para resolver y prevenir futuros plagios involucró a funcionarios de Nuevo León para intercambiar señalamientos mutuos de que los hechos ocurrieron en territorio que no les correspondía atender.
Las autoridades de San Luis Potosí llegaron al extremo de señalar que el secuestro ocurrió del lado de Nuevo León y las corporaciones de seguridad estatales incursionaron en territorio neoleonés para efectuar el rescate de 34 víctimas, guiados por seis migrantes que escaparon a sus secuestradores y les dieron las pistas para encontrar al resto.
Una serie de comunicados que no sólo pretendían hacer creer que el territorio potosino es seguro, sino que también intentó colocar a sus cuerpos de seguridad como héroes eficientes con capacidad incluso de invadir el territorio de otra entidad federativa para rescatar a las víctimas.
Una serie de comunicados que se volvieron un cuento chino que desmontó un comunicado con los logos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la guardia Nacional en el que se da cuenta del rescate por parte de las autoridades federales por 650 elementos desplegados en seis poblados potosinos y en Doctor Arroyo, Nuevo León.
El gobierno potosino no pudo acreditar que los hechos ocurrieron fuera de su demarcación ni que hayan sido autoridades estatales las que llevaron a cabo los operativos de rescate. Antes que una estrategia de seguridad, se realizó un despliegue de comunicación que se cayó por sí solo.
Este lunes, la estrategia de comunicación volvió a avasallar a la de seguridad (si es que existe, porque la comunicativa da indicios de que se activa para ocultar su omisión): el ayuntamiento de Guadalcázar advirtió a sus habitantes de “una intensa movilización de personas armadas en diferentes sectores de la cabecera municipal y alrededores”.
La primera versión de la Vocería de Seguridad pública habló simplemente de “una alerta por la presencia de civiles armados y que fueron reportados a los números de emergencia. Los presuntos civiles armados habrían efectuado varias detonaciones de armas de fuego y es por ello que ya se implementa operativo especial para dar con la ubicación y captura de los presuntos”.
Más tarde, antes que informar sobre la localización de los civiles armados, la Vocería reprodujo un comunicado de las autoridades de Guadalcázar en el que confiesan que “ante el desconocimiento real de los hechos por parte de esta administración hicimos recomendaciones para el cuidado de todos sin que esto significara un toque de queda”.
Tan la estrategia de comunicación recomendó minimizar los hechos, que a las autoridades municipales les bastó con que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal les informara que intensificó la vigilancia con apoyo federal, estatal y municipal, para afirmar que con eso lograron “que hasta este momento impere un clima de tranquilidad”.
Así, pareciera que a golpe de comunicados se pretende modificar la percepción de inseguridad que provoca una que otra “intensa movilización de personas armadas” –este lunes en Guadalcázar, y en días pasados en las comandancias de Villa de Reyes y Moctezuma o con imágenes presuntamente desde Mexquitic.
