Por Victoriano Martínez
Ricardo Gallardo Cardona amaneció hoy sin fuero como diputado federal, y volverá a tenerlo –en caso de que se confirme la validez de la elección por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE)– como gobernador, a partir del 26 de septiembre.
Un periodo de 25 días que seguramente le resultarán incómodos, y por el que este mismo martes surgieron versiones de videntes y por trascendidos que van desde razones para no tener la más mínima preocupación hasta aquellas en las que dan por hecho que en 25 días ya se estará por nombrar a un gobernador interino.
En 11 días se tendrá la declaración de validez o no de la elección de gobernador por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre las quejas por exceso en los gastos de campaña, y la del TRIFE sobre los juicios de nulidad ya es cuestión de días, o hasta horas.
De acuerdo, con una versión difundida por el diario Milenio, de la Ciudad de México, trascendió que en la sesión del Consejo General del INE de este día habrá un dictamen sobre el Caso Gallardo en el que se propondrá una multa, pero la sanción no alcanzaría para que se anule la elección.
No obstante, al consultar el orden del día de la sesión programada para hoy, hasta la versión disponible la noche de este martes no aparecía programado ese tema. En seguimiento de sesiones anteriores, la versión del orden del día se modifica.
Según datos retomados del diario por el portal Infobae, la sanción que se le aplique sería por no haber reportado cerca de dos millones de pesos de sus gastos, lo que sumado a los 19 millones 221 mil 702.36 pesos que sí reportó elevaría lo ejercido en la campaña del PT-PVEM a la gubernatura a más de 21 millones y medio de pesos.
De acuerdo con esa versión, la Comisión de Fiscalización propondrá al Consejo General del INE, imponer una multa de dos millones 700 mil pesos al PVEM y otra de 700 mil pesos al PT, por no reportar gastos de campaña en mítines, espectaculares, propaganda y publicidad en redes sociales.
Como se ha señalado en distintos momentos en Astrolabio Diario Digital, el criterio para determinar que no se rebasó el tope de campaña utilizado por el INE se refiere únicamente al fijado por el CEEPAC, pero ignora la prohibición constitucional que, en el Artículo 41, fracción II dice:
La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
Para la campaña electoral de este año, al PT le correspondió un financiamiento público de 3 millones 554 mil 314.06 y al PVEM de 4 millones 330 mil 802.85. Un total de 7 millones 885 mil 143.91 pesos, es decir, Gallardo Cardona no podía gastar en su campaña más de 15 millones 770 mil 287.81 sin violar la Constitución.
Si bien no rebasó el tope de 29 millones 223 mil 864.70 pesos fijado por el CEEPAC para las campañas de gobernador, ¿cómo justifica el INE que no deba ser sancionado por hacer prevalecer el financiamiento privado sobre el público por casi tres millones y medio de pesos conforme a los gastos que sí reportó?
Una violación constitucional que se daría finalmente, de ser cierto que se detectaron gastos no reportados por dos millones de pesos, por más de cinco millones de pesos, casi la tercera parte de lo que debió gastado. ¿Avala el INE que se privilegie el financiamiento privado aun en contra de la Constitución?
El trascendido sobre la decisión del INE es motivo de confianza para Gallardo Cardona sobre lo que pueda ocurrir en esa instancia, pero también está por darse la resolución del TRIFE, sobre la que no se conoce ningún indicio del sentido en que se dará, salvo por rumores y versiones de personajes que resultan poco confiables.
Entre ellas destaca la de Gerardo de la Rosa Jourdain, quien fuera director de Concertación Política durante el trienio de Ricardo Gallardo Juárez en la capital. Asegura el otrora gallardista que se dará la anulación de la elección y ya se trabaja en los nombres sobre quién pudiera ser el gobernador interino al concluir el mandato de Juan Manuel Carreras López.
Ese es el panorama dentro del proceso electoral inconcluso con el que llega Gallardo Cardona al periodo de 25 días sin fuero, en el que resultan más relevantes las actuaciones que pudieran darse desde la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y, sobre todo, la Fiscalía General de la República.
Es la recta final del proceso electoral cuyo desenlace sigue en el aire.
