Fernanda Durán
En sesión extraordinaria, el Consejo Directivo Universitario (CDU) determinó que los expedientes emitidos por la Defensoría de Derechos Universitarios que involucren sanciones a trabajadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) serán evaluados directamente por la Comisión Institucional de Justicia Universitaria.
Esto derivado de controversias en torno a un caso de hostigamiento y acoso sexual por parte de un profesor, ocurrido en la Facultad de Ciencias Químicas en 2022.
Con esta determinación, la Comisión se encargará de resolver las sanciones que impondrá contra empleados de la UASLP por casos de violencia que considere la Defensoría, mientras que el CDU será quien apruebe esas sanciones.
La Defensoría de los Derechos Universitarios había solicitado al abogado general, Joel González de Anda, el despido del docente, acreditando violencia sexual. Sin embargo, el abogado determinó que no había elementos para despedirlo.
Ante la diferencia de criterios y la inconformidad de la Defensoría, en septiembre pasado el CDU optó porque ambas instancias trabajaran en conjunto para determinar las sanciones.
El expediente DDU/2022/01/QA-02 contra el docente enviado a la Comisión de Justicia, inició con la denuncia de una persona externa a la Universidad, y que posteriormente en su investigación fueron halladas diversas víctimas, entre ellas estudiantes y una profesora.
En la sesión extraordinaria también se estableció turnar al organismo para su análisis, un oficio recibido por la UASLP el 19 de octubre, enviado por parte de Jorge Ricardo Torres Luna, con relación directa con el expediente.
