Angélica Campillo
La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado rechazó los informes de las cuentas públicas de los 114 entes fiscalizados durante el ejercicio fiscal 2020, realizados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Una vez entregados los informes de las cuentas públicas 2020 por parte de la ASE, los integrantes de la Comisión de Vigilancia y de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado llevaron a cabo la revisión de 114 entes, con el fin de verificar el cumplimiento y observancia de la normatividad especializada en materia de fiscalización.
Mismos que a su consideración están “a todas luces apartados de la realidad, no por dicho de esta Comisión legislativa, sino por la misma ciudadanía y las propias administraciones de gobierno que han formulado una diversidad de señalamientos sobre irregularidades detectadas, derivado del proceso de entrega-recepción con motivo del iniciado sus periodos de gobierno”.
Las conclusiones a las que llegaron en la Comisión de Vigilancia fueron las siguientes:
“Ante la falta de información, de claridad en los procesos y acciones realizados, y en los resultados obtenidos e informados por la ASE, no existen elementos de conocimiento y convicción suficientes que den certeza al Congreso del Estado sobre el trabajo y actuaciones realizadas por su órgano técnico fiscalizador, por lo que no se puede acompañar, compartir, validar y/o respaldar sus actuaciones y resultados”.
De los mil 597 millones 807 mil 974 pesos observados a los 114 entes en las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, cinco de las 224 auditorías practicadas acumularon observaciones por mil 95 millones 690 mil 374.55 pesos, es decir, el 68.57 por ciento.
Las cinco auditorías con los montos observados más altos son:
- Servicios de Salud. Fin y desempeño: 732 millones 807 mil 567 pesos;
- Servicios de Salud. Desempeño: 32 millones 208 mil 307.62 pesos;
- Secretaría de Desarrollo Económico: 112 millones 202 mil 414 pesos;
- Soledad de Graciano Sánchez: 144 millones 593 mil 227.67 pesos;
- San Luis Potosí. Capital: 73 millones 878 mil 858.26 pesos.
Entrevistado al respecto, el diputado Mauricio Ramírez Konishi aclaró que no se votan las cuentas públicas de los entes fiscalizados, sino que se pondrá a consideración del pleno, el próximo lunes 15 de noviembre, el procedimiento que utilizó la ASE para la revisión de dichas cuentas.
“No es que quede aprobada o desaprobada la cuenta pública de un ente auditable, únicamente se hace una validación del procedimiento de auditoría que llevó a cabo la ASE”, explicó.
De acuerdo con el diputado priista, independientemente de que en la sesión del pleno se apruebe o no el procedimiento, la ASE tiene que continuar con su trabajo de fiscalización y, si no hay manera de que los entes auditables solventen sus observaciones, continuará con lo procedimientos administrativos e inclusive penales correspondientes.
“Eso es bueno porque no se politiza en el Congreso y no se vende o se pone a consideración aprobar una cuenta”, señaló.
Para Ramírez Konishi, su fracción no tiene mayor observación a los procedimientos que realizó la ASE entorno a la revisión de las cuentas públicas, además de considerar que se lleva a cabo un trabajo bien hecho, pero se debe tener mucho cuidado en lo que se vota.
Mencionó que, si bien, casi el 80 por ciento de lo observado al Gobierno del Estado corresponde a los Servicios de Salud, y si viene como no procedente ese dictamen y se vota en contra, lo convertiría en aprobatorio.
“Hay que observar que esos dictámenes estén bien hechos para que la ciudadanía y los diputados sepan que necesitan una ASE sólida, bien preparada, muy técnica y no politizada”, comentó.
En relación a lo señalado por los diputados de las fracciones de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, quienes acusaron a la auditora Rocío Elizabeth Cervantes de limpiar las cuentas públicas del Ayuntamiento de la capital potosina y del Gobierno del Estado, Ramírez Konishi apuntó que se tiene que contemplar que la ASE únicamente fiscaliza recursos de índole estatal.
Además de que también se cuenta con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que tiene otra responsabilidad más grande, “y a veces para hacer ese trabajo se hacen convenios y se apoyan en las auditorías estatales, porque la mayoría de los recursos de San Luis Potosí vienen del índole federal y la que los tiene que auditar es la ASF”.
El diputado señaló que la Auditoría Superior del Estado hace muestras muy pequeñas “de mil pesos que gasta un municipio o un estado, a vece solamente tiene un alcance de 150 o 200 pesos y lo restante es de la ASF”.
Por lo que sugirió a sus compañeros legisladores conocer bien el tema para no emitir posicionamientos políticos que no contemplen ese marco.
Finalmente, sostuvo que si el pleno del Congreso del Estado rechaza los informes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, simplemente quedaría como un tema de observancia, aunque se pueden hacer replanteamientos, volver a auditar entes y pedir que se aumente la muestra. Sin embargo, con lo que se tiene, la ASE continúa con su procedimiento de fiscalizar y, en dado caso, de fincar responsabilidades.
