Fernanda Durán
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado mantendrá en análisis las dos iniciativas que plantean que agresores y deudores alimentarios no puedan ocupar cargos públicos de primer nivel, como la gubernatura, una alcaldía o una diputación.
Aunque las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales aprobaron ambas propuestas, la comisión de Gobernación decidió programar una reunión con el resto de comitivas para su análisis final, con el propósito de evitar que se contraponga con criterios de la Constitución.
El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, integrante de la comisión, advirtió que podría existir una contradicción con la reciente aprobación, el 9 de marzo, del dictamen con el que “No contar con antecedentes penales ni estar sujeto a proceso por delito doloso” ha dejado de ser un requisito para ocupar cargos públicos.
Las iniciativas presentadas por la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero y el diputado Alejandro Leal Tovías buscan restringir del servicio público a aquellas personas con antecedentes penales por violencia, hostigamiento, acoso o abuso y deudas alimentarias.
Los cargos públicos que deberán acreditar que no cuentan con estos antecedentes son: gobernador, oficial mayor, secretarios y los integrantes del gabinete ampliado; diputados; el fiscal general del Estado, así como los fiscales en Delitos Electorales y Anticorrupción.
Además de los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), y otros cargos públicos.
