Por: Victoriano Martínez.
Los tres comisionados que integran la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no creen el derecho que deben garantizar tienda “al incremento del bienestar del desarrollo social”, pero sí quieren que les amplíen su periodo tres años más para seguir en el cargo.
De acuerdo con un pliego de observaciones que los comisionados Yolanda Esperanza Camacho Zapata, Caludia Elizabeth Ávalos Cedillo y Oscar Alejandro Mendoza García entregaron al Congreso del Estado el pasado 17 de marzo, los garantes del derecho de acceso a la información pública ponen en duda el interés social de esa prerrogativa ciudadana.
“Debe analizarse si la presente ley es de interés social, ya que en principio esta normatividad no tiende al incremento del bienestar del desarrollo social”, afirman los comisionados al comentar el primer artículo del pre dictamen de la nueva Ley de Transparencia.
En el oficio mediante el que remiten el cuadro comparativo entre la Ley General y el pre dictamen del Congreso local, Camacho, Ávalos y Mendoza asumen como propios los comentarios y propuestas, además de que en el portal Web de la CEGAIP han hecho público el documento a partir de este lunes.
“Nos permitimos remitir a usted el cuadro comparativo con las observaciones que este Órgano Garante considera pertinentes a modificar, con el objeto de fortalecer el Proyecto de Dictámen de la nueva Ley de Transparencia”, señalan en el oficio dirigido a la diputada Josefina Salazar Báez.
A pesar de que en las primeras 25 palabras que usaron al comentar el artículo primero los comisionados dejan claro que no creen en los beneficios de la transparencia, al comentar el artículo 31 convenencieramente piden que se les amplíe su periodo en el cargo de cuatro a siete años.
“Para armonizar la legislación local, modificar la temporalidad para armonizar la duración en el encargo de Comisionado por el plazo de 7 años en congruencia con el artículo 38 de la Ley General”, sugirieron los comisionados.
El pliego de observaciones de la CEGAIP omite mencionar los retrocesos detectados en las obligaciones de difusión de oficio, de los que Astrolabio dio cuenta la semana pasada, así como considerar violatorio del artículo séptimo transitorio de la Ley General la ampliación del plazo para resolver las quejas de 30 a 40 días.
El dato más relevante de las observaciones que hicieron los comisionados Camacho, Ávalos y Mendoza, en el sentido de que no creen en el interés social del derecho de acceso a la información pública explica las razones por las que la CEGAIP se ha vuelto una nulidad para garantizar la transparencia en el Estado.
