Leticia Vaca
De nueve solicitudes de juicio político que se analizaron en comisiones unidas de Gobernación y Justicia, se dio entrada a tres demandas, entre ellas la que fue presentada por la ex oficial Teresa Carrizales Hernández en contra de Xavier Nava y uno en contra de la síndico Alicia Nayeli Vázquez Martínez.
En estos casos el pleno votará para determinar si se instaura la comisión jurisdiccional. Para dos más se pidió una ampliación de pruebas que deberán ser entregadas en un periodo de cinco días; se trata del juicio en contra del magistrado Juan Paulo Almazán Cué, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y del ex alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez.
Cuatro solicitudes más fueron desechadas por resultar improcedentes, entre ellas la de la del ex tesorero de la administración municipal y actual diputado local, Emmanuel Ramos Hernández, y una solicitud más que había en contra de Xavier Nava Palacios.
En el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, y del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, no fueron analizados.
La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, al salir se la sesión, acusó al diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia, de que “pareciera que tiene una encomienda directa de pegar en el Poder Judicial, no sé por qué pretende generar caos, para luego qué pedir (…) no es un piso parejo y me parece”.
Benavente Rodríguez señaló, además, que se retiró de la reunión antes de que concluyera, pero antes pidió que quedara asentado en el acta que “yo me retiraba por la falta de objetividad en las decisiones que se estaban tomando, y lo voy a dejar asentando, que cualquier decisión no la suscribo”.
Por último, denunció que en el análisis de las solicitudes de juicios políticos se juegan “intereses de todos: personales, familiares, políticos; el interés debería de ser la legalidad de los hechos”.
