Por Victoriano Martínez
Si algún día pretende conocer el costo de una obra o de un programa del Gobierno del Estado, lo primero que tiene que tomar en cuenta es que las probabilidades de que lo logre son mínimas, además de que se someterá a una especie de operación ratón loco con solicitudes a distintas dependencias para que, al final, no logre el dato que buscaba.
La operación ratón loco fue una maniobra que el día de las elecciones se utilizaba cuando el PRI lo dominaba todo: el elector se veía obligado a buscar en varios domicilios la casilla que le correspondía para votar como una forma de desincentivar la participación, especialmente sobre casos en los que se sospechaba que la votación podría ser desfavorable para los candidatos priístas.
En materia de derecho de acceso a la información pública, se volvió frecuente que las dependencias en sus respuestas se declararan incompetentes y sugirieran pedir la información a otra que repondía lo mismo, con casos que completaban el círculo hasta que la sugerencia recaía sobre la dependencia a la que originalmente se pidió la información.
Afortunadamente, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) hoy permite enviar una misma solicitud de información a varias dependencias, lo que permite anticiparse a la operación ratón loco con enviar la petición a las dependencias potencialmente involucradas. Se evita la secuencia desincentivadora, aunque el resultado no necesariamente puede ser favorable.
El costo de la remodelación de las instalaciones de la FENAPO y de los parques Tangamanga, el costo del Teatro del Pueblo en la propia Feria, la adquisición de patrullas, los falsos puentes atirantados, la Arena Potosí, la habilitación del Estadio de 20 de Noviembre como lienzo charro y la Unidad Deportiva López Mateos como caballerizas y corrales… la lista es larga.
En la PNT queda el registro de las maniobras evasivas para proporcionar la información por parte de las dependencias estatales, aunque en algunos casos se pueden llegar a rescatar indicios que pueden dar una idea sobre los gastos que pretenden ocultar, así como la forma en que modifican sus reacciones ante las solicitudes de información para ser fieles a su vocación por la opacidad.
El caso de las clínicas rosas, con ocho solicitudes de información en el último año y medio (tres el año pasado y cinco en el actual), lo ilustra con claridad.
A mediados de 2022, un solicitante trató de evadir la operación ratón loco y presentó solicitudes de información a las dependencias que consideró que la tenían. Debió sorprenderle que la primera respuesta se la proporcionó el DIF Estatal con parte de los datos requeridos, y días después los otros sujetos obligados se declararon incompetentes y sólo uno le sugirió enviar su pedido al DIF.
En la respuesta al folio 2404471022000126, entregada el 17 de junio, se acompañó un oficio firmado por Verónica Pérez Tovar como directora administrativa, en el que informó que se firmó un contrato con Operadora de Servicios Médicos ML S.A. de C.V. por 26 millones 976 mil 960 pesos.
También se adjuntó otro oficio, firmado por Juan Daniel Torres Noyola como director de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria, en el que se informa que en ese momento se habían inaugurado tres clínicas rosas (en Matehuala, Ciudad Fernández y Ciudad Valles) con un costo de 6 millones 744 mil 240 pesos cada una.
Aunque en la información proporcionada se incluyen direcciones electrónicas para poder consultar el contrato y el fallo de la licitación, en ambos casos se oculta la información porque sólo aparece la primera página de los documentos.
A la vuelta de 15 meses, las respuestas variaron y la dependencia sugerida para la respuesta también: el 25 de septiembre la Secretaría de Gobierno sugirió que “pudiera ser atendida por la Secretaría de Salud”; el 27 de septiembre, ésta apunto a SEDESORE; el 28 de septiembre, la Secretaría Particular también señaló a la SEDESORE, “la cual podría ser competente para conocer el asunto”.
El 3 de octubre, el DIF Estatal, que el año pasado proporcionó la información, esta vez se declaró incompetente y también señaló a SEDESORE. Finalmente, el 16 de octubre, la SEDESORE entregó su respuesta, en la que ocultó el costo de las clínicas rosas.
En su respuesta incluye un memorándum de la Dirección de Análisis y Prospectiva en el que se limita a enumerar los nueve servicios que prestan las clínicas, y presenta la lista de las 10 de 11 que se pretenden instalar que ya operan, con la ubicación y fecha de apertura.
En menos de un año, no sólo varió la maniobra evasiva entre las dependencias, sino que se evitó –como ha sido característico en este sexenio– dar a conocer los costos de las clínicas, que tiene que ver con una de las principales bondades de la transparencia y a la que más se recurre para promoverla: saber cuánto, cómo y en qué se usan los recursos públicos.
Todo un esquema de opacidad que se replica constantemente, ante el que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) simplemente confirma lo inútil que resulta como garante del derecho de acceso a la información pública.
