Abelardo Medellín
Entre cuestionamientos por el caso Rich, los feminicidios y la presentación de nuevas propuestas para evitar la compra venta de autos robados, fue como la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Manuela García Cázares, rindió su comparecencia ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
El ejercicio de diálogo con diputados y diputadas como parte de la glosa de su informe por el último año de actividades, se celebró en el Salón de Pleno “Ponciano Arriaga Leija” la mañana de este martes 26 de noviembre.
Tras presentar un resumen de su informe en el que resaltó los procesos de capacitación de los trabajadores de la Fiscalía y sus áreas especializadas, ocho legisladores de las diversas fracciones parlamentarias se inscribieron para participar en el ejercicio de cuestionamientos hacia la titular de la FGE.
Durante su intervención, la diputada de Morena, Gabriela López Torres, cuestionó a la fiscal sobre las medidas de la FGE en materia de igualdad sustantiva para evitar el delito de abigeato y finalmente los avances que se ha tenido en el caso Rich, donde dos jóvenes fallecieron y otras ocho víctimas resultaron lesionadas tras el colapso de un barandal en la plaza comercial Altus la noche del pasado 7 de junio.
En respuesta a la pregunta sobre el caso Rich, la fiscal comentó que ella tenía apenas 15 días de haber llegado al cargo cuando ocurrió el suceso, y unas horas después de que ocurriera la tragedia pidió que se visitara el lugar de los hechos.
Comentó que, aunque la investigación tuvo sus retos, se logró la detención de los presuntos involucrados luego de corroborar que el establecimiento no contaba con permisos ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí ni el Gobierno del Estado.
“Lo que nos tomó más tiempo fue la detención de las personas involucradas. Ni Protección Civil estatal ni municipal tenían registro de permisos, sin embargo, se comenzó con la búsqueda y se identificaron tres personas”, dijo la fiscal, quien recordó que la detención de dos involucrados se realizó en Michoacán y con el apoyo de la Fiscalía de esta entidad.
De igual manera, recordó que el plazo de la investigación complementaria terminará a mediados de diciembre, cuando presenten los medios de prueba para buscar un juicio oral contra los imputados.
“Segura estoy de que llegaremos a una acusación el día del 22 de diciembre y que nos lleve a un proceso oral”, dijo.
En la intervención de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, comenzaron las felicitaciones a la titular de la Fiscalía, pues la legisladora priista congratuló a la FGE por las certificaciones norteamericanas que han obtenido.
La diputada del PRI cuestionó a la fiscal sobre la utilidad de que la FGE participe en las Mesas para la Coordinación y la Paz que organiza el gabinete de seguridad del Ejecutivo del estado.
Ante la pregunta, García Cázares explicó que las reuniones de paz del Gobierno del Estado ayudan a coordinar a las autoridades, identificar problemáticas prioritarias, establecer operativos para combatir delitos y acordar acciones de inteligencia.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, cuestionó a la fiscal sobre si ya se había presentado una denuncia contra Ramón Martínez Avitud, alcalde morenista de Huehuetlán, quien el pasado 15 de octubre apareció en un video donde confronta y amenaza a un grupo de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).
Ante el cuestionamiento, García Cázares comentó que en el presente mes de noviembre el secretario de Seguridad, José Luis Ruíz Contreras, presentó la denuncia contra el alcalde y actualmente se revisan los videos donde aparece confrontando a los elementos.
En otro tema, Guajardo Barrera cuestionó si la FGE ha implementado alguna acción específica para evitar que personas compren automóviles robados, ante lo cual García Cazares respondió que se emprenden acciones diarias para disuadir este delito.
Sin embargo, sugirió tres posibles soluciones para atender estos casos: aumentar las penas por el delito de robo de vehículo, crear una pensión gratuita de la FGE para que el dueño del auto robado no tenga que pagar la pensión a donde se remita el vehículo, y finalmente, sugirió que la Fiscalía genere un certificado que los ciudadanos puedan solicitar antes de comprar un vehículo para asegurar que no es robado.
En una tercera pregunta, el diputado panista pidió la opinión de la fiscal sobre la reciente reforma constitucional en materia de Seguridad, con la cual se permitiría que la Guardia Civil del Estado y las policías municipales intervengan y firmen partes de investigaciones en casos de delito.
García Cázares opinó que está de acuerdo con la reforma, pero se debe tener cuidado y vigilar que estos cuerpos de seguridad no invadan competencias de los agentes del Ministerio Público.
“El enfoque es positivo porque se menciona claramente que la inclusión obedece a un tema de seguridad pública, pero creo que se debe ser cuidadoso en la actuación de estas instituciones, y sobre todo a nivel estatal”, añadió.
A la mitad del diálogo, Marco Gama Basarte, diputado de Movimiento Ciudadano, cuestionó sobre el cumplimiento de la FGE en materia de transparencia y pidió que se revelará el número total de ministerios públicos y agentes al servicio de la fiscalía.
En respuesta, García Cázares presumió que la Fiscalía General ha cumplido al 100 por ciento las entregas de información pública ante la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP), pero debido a un tema legal no podía informar sobre el estado de fuerza de la institución.
En respuesta a una pregunta de la diputada Diana Ruelas Gaitán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la fiscal explicó que en lo que va de 2024 se han iniciado 10 carpetas por el delito de feminicidio, de las cuales ocho ya han sido judicializadas.
De igual manera, precisó que se han obtenido diversas vinculaciones a proceso, pero no reveló cuántos casos están en esta condición.
