Por Victoriano Martínez
Federico Garza Herrera, fiscal General del Estado, comparece hoy ante los diputados del Congreso del Estado.
De los diputados se espera poco, pero también del funcionario.
Tan es así que la diputada Beatriz Benavente Rodríguez expresó este martes que “espero que mis compañeros y compañeras diputadas traigan posturas serias, que tengan que ver con el trabajo, y no lo agarremos nada más como un espacio de lucimiento”.
A pesar de que de uno y otros se espera poco, desde que se acordó la comparecencia del Fiscal se generó una expectativa que llevó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a valorar si el encuentro se realizaría en el Pleno o en un salón más pequeño.
El 2 de mayo se informó que la Jucopo acordó cambiar la comparecencia al salón Manuel Gómez Morín, en Vallejo 200. Este martes, Benavente Rodríguez informó que será en el Pleno.
Y es justo porque se espera poco de uno y otros que lo más destacado de la comparecencia será lo que aporte el público asistente.
Son tantos los agravios a la sociedad por parte de una Fiscalía que en lugar de procurar justicia parece estar para retrasar la justicia.
Las judicializaciones de los casos Mariano Niño Martínez y la fiesta fantasma lejos de poder ser presumidos como avances, son la muestra del tortuguismo de una instancia que está para garantizar justicia pronta y expedita.
Si esos dos casos llegaran a ser motivo de presunción, tendrían que ponerse en la balanza, como motivo de vergüenza, las más de 20 denuncias contra otros 15 diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado por casos como la nómina secreta.
También las denuncias contra Ricardo Gallardo Juárez, tanto por su paso por la alcaldía como por el enriquecimiento ilícito en el que incurrió; además de acumularse las que recientemente ha presentado la administración municipal actual en contra de ex funcionarios municipales.
Y si como dice Benavente Rodríguez, la comparecencia está motivada por la Alerta de Violencia de Género, las cuentas del fiscal no dan más que para lo mismo: más motivos de vergüenza que de lucimiento.
Si se pasa a la violencia generalizada, Garza Herrera tendría que dar cuenta de los resultados sobre la investigación de dos mil 855 homicidios.
Habrá que agregar los agravios contra víctimas que han emprendido una búsqueda de justicia sin que llegue: de la Noria de San José, de Laguna de San Vicente y hasta el caso de Mary Chuy que, aunque ya fue sentenciado su acosador-abusador, la violencia institucional que ha denunciado sigue sin sanción.
El caso de Edgar Daniel Esqueda Castro, asesinado el 6 de octubre de 2017.
Y como tarjeta de presentación adicional de último momento, el reclamo público hecho por Eduardo Hernández de los Santos, quien lo exhibe como alguien que manipula hechos para torcer la justicia.
Una situación que suma al tortuguismo que favorece la impunidad, la sospecha de la complicidad.
De gran parte de esos agravios de la Fiscalía a la sociedad este miércoles se presentarán rostros y reclamos para buscar ser escuchados, mientras en la tribuna del Poder Legislativo diputados y funcionarios se representarán a sí mismos, se olvidarán del interés colectivo, y procurarán hacer como que no escuchan a quienes desde el público reclamarán la justicia que la Fiscalía no procura.
Nada que Garza Herrera pudiera presentar como un avance a presumir puede borrar la característica de su gestión al frente de la Fiscalía: justicia que no es pronta ni expedita, no es justicia.
