Por Victoriano Martínez
Comenzaron las comparecencias, pero –como siempre– se dejó de lado la verdadera razón de las mismas. Se asegura que se trata de la glosa del segundo informe de gobierno, pero ni los comparecientes ni la mayoría de los diputados –por muy pocas excepciones– se enfocaron en lograr que se dieran explicaciones a lo informado.
Tres exposiciones iniciales de tres comparecientes con el tono triunfalista y de autopromoción –video cápsula de 10 minutos incluida– que caracteriza a la actual administración estatal. Del otro lado, frecuentes felicitaciones y muy escasas referencias al informe para solicitar alguna explicación.
Se ha vuelto lugar común que se califique a las comparecencias como una pasarela para el lucimiento de los funcionarios que debían ser cuestionados y, lamentablemente, tal calificación se mantiene vigente.
“Las comparecencias de las o los funcionarios públicos ante los diputados son un ejercicio de diálogo, para demandar explicaciones, justificar lo realizado, precisar datos, argumentar posiciones, aclarar equívocos, analizar la situación que guarda la institución pública a su cargo, y rendir cuentas”, señala el artículo 154 Bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.
Un diálogo cuyas demandas exigen como material de trabajo primordial el documento que el Ejecutivo entregó como segundo informe de gobierno con todos sus anexos y que, en una desatención a lo que les ordena su reglamento, fue a lo que los diputados menos hicieron referencia, salvo muy pocas excepciones.
El diálogo se dio, más que con demandas de explicaciones y demás, con una serie de inquietudes personales, consultas sobre lo que se hará a futuro y si se contempla tal o cual obra o acción, hasta opiniones de los comparecientes sobre tal o cual tema y, con especial énfasis, sobre los temas que están en la agenda pública.
Un seguimiento de la agenda pública que, para colmo, poco aportó adicional a lo que ya se ha planteado en declaraciones a la prensa que, por ser en una comparecencia ante un poder constitucional, por la reiteración de posturas, escalan en la dimensión de gravedad del poco respeto que se ha manifestado y se tiene a la legalidad.
Primer ejemplo: el secretario de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, ratificó en su comparecencia su postura en el sentido de no estar de acuerdo con el juez federal que suspendió la municipalización de Villa de Pozos por, según él, anteponer la voluntad de una sola persona a la de miles que se manifestaron a favor del nuevo municipio.
Pierde de vista que los jueces no valoran voluntades personales, sino que sus determinaciones anteponen el apego de las autoridades a la legalidad, y ésta no depende de una o miles de personas que apoyen una acción.
Segundo ejemplo: en cuanto la diputada Gabriel Martínez Lárraga cuestionó la falta de transparencia en las inversiones para infraestructura, la primera reacción por parte de Torres Sánchez fue calificar los cuestionamientos como posturas necias y ocurrentes y como polémicas sin sentido.
“Lo que se tiene que hacer para generar equilibrios en las decisiones del poder es generar contrapesos, pero bien informados, ordenados, con el ánimo de poder tener una mejor sociedad y un mejor estado. Por supuesto que nosotros estamos convencidos de que esos contrapesos deben existir siempre y cuando sean serios y responsables, no chistosos ni payasos”, dijo el funcionario.
Tras el reclamo de la diputada por los calificativos que provocó su pregunta, Torres Sánchez aseguró que no se refería a ella a pesar de que fue su primera reacción a la pregunta de la legisladora.
Tercer ejemplo: la sincronía entre dos comparecientes, Torres Sánchez e Isabel Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), no deja lugar a dudas sobre la vocación de opacidad extrema del gobierno actual y prácticamente el anuncio de que seguirá el ocultamiento del uso de los recursos públicos.
“No hay mejor transparencia que la edificación de esas obras, que están en todo el estado y que hoy sirven a miles y miles de potosinos todos los días”, dijo Torres Sánchez.
“La transparencia también para muchos es que las obras realmente se ejecuten, las obras están físicamente y cualquiera las puede ver, también son de beneficio para todas y todos los ciudadanos”, dijo Vargas Tinajero.
Y aunque la titular de SEDUVOP matizó con un “no estamos diciendo que no vamos a publicar”, se enredó en una explicación de la razón de ocultar la información en los últimos dos años que colocó su aclaración en el cajón de las áreas de oportunidad que quizá algún día se aprovechen porque, dijo, tienen constantes procesos de auditoría que les impiden la publicación.
En su primer día de comparecencias, la glosa del segundo informe de gobierno se dio prácticamente sin tomar en cuenta lo informado. El saldo: prevaleció la apariencia sobre la transparencia. O, dicho de otro modo, no hubo rendición de cuentas.
