Estela Ambriz Delgado
Al cierre de 2024 se observan una importante cantidad de problemas en materia medio ambiental que no son atendidas por las autoridades correspondientes, e inclusive estas son copartícipes o cómplices al permitir que sucedan, y en contraparte también destacan los esfuerzos ciudadanos a través de grupos en colonias, comunidades, ejidos, colectivos y asociaciones defensoras del medio ambiente, sector académico y estudiantil, entre otros, para abonar a la conservación de los ecosistemas y el ciclo hidrológico natural.
Entre los múltiples temas en materia ambiental de los que las autoridades estatales y municipales son omisas, comenzando por el derribo de árboles para las obras de supuesta rehabilitación que se hacen en diversos barrios, calles y avenidas, destaca también la falta de acciones necesarias la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, como la emisión de sus Programas de Manejo correspondientes y en las que ya cuentan con uno, colaborar para su cumplimiento.
En el caso del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de Álvarez, pese a haber sido decretada desde hace 43 años sigue sin programa y se ve amenazada por la explotación y contaminación de la empresa Cal Química de México, SA. de CV., y una plaga que está atacando su arbolado.
Por ello ante el insuficiente trabajo de las autoridades correspondientes, a inicios del año propietarios de predios, pobladores de comunidades y ejidos, así como voluntarios de la ciudad de San Luis Potosí, conformaron la Asociación Civil “Sierra Viva” para su restauración y conservación.
Asimismo el Sótano de las Golondrinas se encuentra desprotegido pese a contar con un decreto desde el 2001, pues aunque ha sido una solicitud del Barrio Unión de Guadalupe de la comunidad Tének de Tamapatz, Aquismón, donde este se localiza, no se ha elaborado su Programa de Manejo, y las mismas autoridades han aprovechado la situación para permitir el ecocidio de miles de aves.
Desde el mes de mayo la abogada Rosa María Balvanera Luviano, denunció ante la Fiscalía General del Estado, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los daños ocasionados por el sobrevuelo de helicópteros para la grabación de un video de la empresa Vidanta, realizado con un permiso de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), que no era la autorizada para emitirlo sin el aval de la comunidad.
Sin embargo a la fecha no se ha tomado ninguna acción al respecto, y lejos de ello la titular de la FGE ha pretendido deslindarse del ecocidio, argumentando no tener ninguna denuncia ni competencia en el caso, lo que ha sido considerado por el Barrio Unión de Guadalupe como encubrimiento a funcionarios implicados de SEGAM.
Nulo apoyo a la Sierra de San Miguelito
En el caso del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, que si cuenta ya con un Programa de Manejo publicado, se permite que el acecho inmobiliario pueda seguir sobre sus terrenos, con proyectos inmobiliarios que además de especular con la tierra ejidal o comunal, llenarían de concreto áreas de recarga del acuífero.
Entre dichos proyectos se encuentra La Vía Alterna a la carretera 57, que desde su concepción en 2011 fue pensado como la conexión de áreas de gran plusvalía como Gran Peñón con la zona industrial, y tan es así que la publicidad del complejo lo enuncia de manera expresa y ostentosa.
Como ha informado el colectivo Guardianes de la Sierra, dicha vialidad fue concebida como parte de un gran clúster industrial e inmobiliario, junto con proyectos como el de la presa El Realito, la cual se pensaba abastecería a los desarrollos en la sierra.
En este tema de la defensa del APFF es más que evidente que existe un nulo interés del gobierno del estado por respaldarlo, pues quienes buscan de manera activa su conservación, se apoyan únicamente de instancias del gobierno federal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Procuraduría Agraria.
Sin embargo lo que si se dio fue un mayor interés ciudadano por esta APFF a partir de los incendios suscitados entre abril y mayo, que detonaron cinco jornadas de reforestación con cientos de personas, con el acompañamiento de las dependencias mencionadas, además del Octavo Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales de la 12ª Zona Militar, e inclusive la Secretaría del Bienestar.
Aunque estas acciones de reforestación intentaron ser emprendidas también por autoridades estatales y municipales, se realizaron de manera improvisada, sin las especies nativas necesarias, y sin el seguimiento adecuado, contrario a las jornadas ciudadanas que se realizaron bajo la supervisión y asesoría de CONANP y el agroecólogo Pedro Nájera Quezada.
La contaminación de cuerpos de agua
Además de que los desarrollos inmobiliarios han impermeabilizado zonas de recarga del acuífero, también tienen otras consecuencias ambientales que no han sido atendidas por las autoridades, y en las que nuevamente fueron cómplices y posibilitaron su construcción sin las condiciones necesarias, como en la contaminación del Río Calabacillas en la comunidad San Marcos Carmona, del municipio Mexquitic de Carmona.
Se permitió la construcción de los fraccionamientos de Fuerte Ventura y Forja Real invadiendo terrenos comunales, y además ahora contaminan el río con su agua residual. Promotora y Proyectos Proaljo violenta impunemente una suspensión judicial, en la que se le ordenó preservar la integridad del río y no comprometer su cauce con la descarga de aguas residuales, resultado de los amparos interpuestos por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Así también el río Calabacillas contaminado desde sus partes altas por las aguas residuales, basura doméstica y desechos tóxicos, al unirse con otras vertientes conforma el río Paisanos, el cual atraviesa la zona norte de la ciudad de San Luis Potosí y se contamina más con los desechos de diversas colonias que se ubican a lo largo de su cauce, convirtiéndolo en un tiradero de basura y vertedero de desechos que representa un foco de infección, y es uno más de los problemas sin atender en este 2024.
Otro problema que se dejó sin atender este año es la plaga de lirio acuático en la Presa San José, que si bien el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció la próxima puesta en marcha de un programa de saneamiento con el Instituto Potosino de Investigación, Ciencia, y Tecnología (IPICYT), sólo quedó en eso.
Sin embargo no se habló concretamente de las acciones que se implementarían para frenar la contaminación del agua de la presa con materia fecal y otros desechos de fraccionamientos residenciales y asentamientos humanos en Escalerillas, para que en caso de realizarse la limpieza y extracción de lirio acuático, se eviten también futuras propagaciones.
Sobreexplotación hídrica
Por otra parte, en el tema hídrico, las autoridades nuevamente quedan a deber, pues no se han ocupado de hacer una adecuada gestión de dicho recurso, y por el contrario continúan sobreexplotando el acuífero declarado en veda desde los años 60, en el caso del gobierno municipal con un plan basado en extracción de pozos que no es viable a mediano y largo plazo.
Al respecto se puede observar que para las autoridades, como lo menciona el Doctor en Arquitectura Sustentable Edgar Hilario Piña Hernández, el territorio es un espacio de pugna, de generación y creación de riqueza, que se administra políticamente bajo un modelo explotador del medio ambiente y con efectos perniciosos sobre todo en el mediano y largo plazo para la sustentabilidad hídrica.
En respuesta a esa visión explotadora, este 2024 surge la conformación de las contralorías autónomas del agua, entre las que se encuentra la de la Huasteca Potosina, así como del grupo promotor en el caso de la zona centro del estado, cuya intención es conservar el ciclo hidrológico, a través del monitoreo y vigilancia, documentar malas prácticas; proponer soluciones técnicas y legislativas, a fin de incidir en políticas hídricas de los distintos niveles de gobierno.
En respuesta a esa visión explotadora, este 2024 surge la conformación de las contralorías autónomas del agua, entre las que se encuentra la de la Huasteca Potosina, así como del grupo promotor en el caso de la zona centro del estado, cuya intención es conservar el ciclo hidrológico, a través del monitoreo y vigilancia, documentar malas prácticas; proponer soluciones técnicas y legislativas, a fin de incidir en políticas hídricas de los distintos niveles de gobierno.
Al conformarse el grupo promotor en San Luis Potosí, entre sus integrantes se informó que tan solo en la capital, cerca de 6 millones de metros cúbicos anuales de agua que están concesionados como uso agrícola, en realidad son para fraccionamientos de alta plusvalía e industria en su mayoría, y en la Zona Huasteca existen diversos casos, donde empresas y hoteles cuentan con mayores volúmenes de agua que un municipio entero; hacen un llamado a la revisión exhaustiva de todas esas concesiones, que implican parte del proceso de sobre extracción del acuífero local, así como una importante fuga de ingresos a los organismos operadores locales, que se encuentran en permanente déficit por falta de ingresos.
A ello se suma y se interrelaciona la insistencia del gobierno por enfocar la economía en el desarrollo industrial, cuando es claro y se ha demostrado con sustento científico que la zona metropolitana no tiene disponibilidad hídrica suficiente para ello, por la relación directa entre crecimiento urbano, industria, y el sector inmobiliario.
Contaminación del aire y plásticos
Otros de los grandes temas pendientes es la vigilancia del sector industrial en relación a sus desechos contaminantes, pues como se ha señalado desde el Consejo Hídrico Estatal, se ha estudiado que la industria automotriz contamina con micro plásticos, de los cuales aún se desconocen sus efectos a la salud y al medio ambiente, así como la medición de la calidad del aire por parte de SEGAM.
Respecto al último tema, la Asociación Civil Cambio de Ruta ha denunciado en múltiples ocasiones la pésima calidad del aire en la zona metropolitana, la falta de medición de la misma, así como de acciones para disminuir la problemática, con lo que la autoridad incumple con diversas normas jurídicas mexicanas e internacionales.
De igual forma se ha señalado que SEGAM carece de inventario de conflictos ambientales, por lo que no hay un registro claro ni una política robusta que identifique los principales conflictos ambientales en el estado, como la contaminación por plásticos y residuos sólidos. Ello se suma al mal manejo de los tiraderos clandestinos y la ineficacia en la gestión de los residuos, que agravan los problemas de salud pública.
Además de que continúa la tolerancia al uso de plásticos de un solo uso, pues no se ha visto un esfuerzo real del gobierno para reducirlo de manera efectiva, y por el contrario el mismo gobernador Ricardo Gallardo Cardona lo motiva, con algunos de los artículos que da a la población, contribuyendo a la creciente contaminación plástica en ríos, suelos y áreas urbanas.
