Estela Ambriz Delgado
Comuneras de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito exigen al Gobierno del Estado que deje de ponerse de lado de los empresarios inmobiliarios en los casos del Circuito Potosí y la Vía Alterna, además de que permita que sean los dueños de sus tierras quienes decidan sobre el futuro de las mismas.
Este viernes 22 de septiembre en rueda de prensa, las comuneras María Amalia Pérez Campos, Leticia Pérez Acosta, y Angélica García Castillo, junto con el activista Carlos Covarrubias Rendón, informaron sobre una serie de acciones y maniobras de los fraccionadores con el objetivo apoderarse de las tierras comunales con el respaldo del gobierno estatal.
El activista expresó que, pese al decreto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, el acoso de los socios de la empresa Espacios en el Horizonte continúa y lo más grave es que se han percatado de la intervención del Estado en temas como el Circuito Potosí, anteriormente bulevar Antonio Rocha Cordero, del que se pretende avalar un convenio en la próxima asamblea comunal del 24 de septiembre.
“El asunto es muy delicado porque obviamente la comunidad sí está de acuerdo en que haya movilidad (…). No estamos en contra de que haya una vialidad en orden, en lo que sí no están de acuerdo es que el dinero que se les vaya a pagar no venga del Gobierno, ahí está lo grave”.
En este sentido, Covarrubias Rendón informó encontraron varios cheques que demuestran que el dinero pagado hace un año y medio por la liberación de ese problema no fue erogado por el Gobierno, sino por una empresa particular denominada Servicios Profesionales y Técnicos Gamo, S.A de C.V.
Indicó que llama la atención que una empresa así esté involucrada en un asunto de esta naturaleza, y el por qué tendría que haber pagado por un proceso de solución a un conflicto de vialidad.
Explicó que, si ocurre lo mismo con la otra parte que les pagarán, los particulares amarrarán a los comuneros en compromisos que nada hacen por el desarrollo de la vialidad.
El activista señaló que en el tema de la Vía Alterna, el Gobierno Federal determinó retirarle los recursos a la obra porque se dieron cuenta de que era un “asunto manipulado”, y ahora los empresarios se quieren quedar con las tierras de los comuneros.
“También llama la atención esta vialidad vaya a conectar con puros fraccionamientos, es decir, una cosa es que se comunique la ciudad, y otra cosa es que la vía alterna sea un negocio para corporaciones y para fraccionamientos”.
Covarrubias Rendón manifestó que existe la posibilidad de que en la asamblea del próximo domingo se quiera maniobrar sobre estos temas y ofrecerles unos cuantos pesos para someterlos a los intereses de las inmobiliarias y al lado del proyecto de la Vía Alterna, pero no desde la perspectiva de beneficiar a la ciudadanía, sino a los grupos del poder económico.
En este sentido indicó que la situación ya se puso en conocimiento de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa Albores, así como del director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, por lo que exigen al Gobierno del Estado no caiga en el “juego de los empresarios”.
“Nosotros entendemos que el señor gobernador tiene que gobernar para todos, pero en el caso de las tierras de las compañeras no tiene que gobernar para los empresarios, él se debe a la gente, al pueblo y si se pone del lado de los ricos de los que alguna vez lo reprimieron, (…) no se vale estar del lado de los curros en el tema de la sierra, y nosotros pedimos que sean las compañeras y compañeros los que decidan su futuro”.
