Leticia Vaca
Comuneros de los ejidos de La Pila, San Juan de Guadalupe y el ejido Rodrigo, se dieron cita en la Procuraduría Agraria para exigir que se les dé un informe del porqué esta dependencia se negó a dar opinión en el conflicto de la entrega de tierras a los desarrolladores que, según dijeron, de manera ilegal pretenden formalizar el próximo 23 de diciembre, mediante una asamblea.
“De acuerdo a lo que la misma Procuraduría nos informó estás inmobiliarias no cumplieron con los requisitos que era un objetivo de privatizar más de 2 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito y al parecer, afortunadamente, la Procuraduría no les otorgó la opinión que ellos necesitaban para llevar a cabo el día 23 de diciembre de este año (…) no hay un avalúo, está mal integrado el expediente, no cuenta con los elementos jurídicos y técnicos; lo más importante no tienen el permiso de uso de suelo”, aseguró Carlos Covarrubias Rendón, uno de los asesores de los comuneros.
Agregó que los Comisarios Ejidales, coludidos con Gobierno del Estado y las “viejas autoridades” quieren entregar las tierras a los desarrolladores sin mediar una opinión técnica; de los 330 comuneros solo 50 están a favor a quienes “les ofrecieron 5 mil pesos por voto para que aprobarán la entrega de las tierras, ¿de dónde salió ese dinero? (…) les prometieron 65 mil pesos para que aceptaran (…) les quieren pagar a 5 pesos el metro cuadrado”.
Otro de los puntos a tratar es el conflicto en el ejido La Pila, del cual informó que tuvo una certificación irregular hace algunas semanas (el 18 de noviembre), con la intervención del entonces delegado Felipe Aurelio Torres, del cual se pretende que más de 6 mil hectáreas sean incorporadas a proyectos inmobiliarios e industriales.
“Hay una gran cantidad de ejidatarios que no están de acuerdo y no se les ha entregado información, sin embargo, hay una estrategia de resistencia muy importante, por eso el día de hoy venimos por información”.
Otro tema importante es el tema del despojo de la señora Florina, en el ejido San José de Buena Vista, en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que ellos no autorizaron la ocupación, ni el Tribunal Agrario dio autorización ” se está utilizando la fuerza pública, un desplegado para tratar de destrabar el problema para que pueda funcionar el libramiento y los Tribunales deben resolver”.
En el caso del ejido Rodrigo, advirtió que es un asunto que le da muchos nervios al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, porque hay muchos intereses del Estado, “es un negociazo de ventas que se están haciendo de un terreno en conflicto y que no tienen el dominio pleno, siguen siendo tierras ejidales y se siguen vendiendo lotes por cantidades millonarias”.
Finalmente, Covarrubias Rendón dijo que esperan que con los nuevos delegados se logre dar una solución, asimismo pedirán al alcalde Xavier Nava Palacios que no autorice el permiso de uso de suelo en estas áreas. “Vamos a pedirle al Gobierno del Estado que no intervenga con el uso de la fuerza pública y vamos a pedir observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un desacato, tráfico de tierras, están incurriendo en un ilícito, tanto los comisarios ejidales como los empresarios”.
