Por Victoriano Martínez
Desde el 9 de agosto de 2018, el Congreso del Estado debió armonizar la legislación local con la Ley General de Comunicación Social que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de ese mismo año.
Le correspondía a la LXI Legislatura, la de la ecuación corrupta, que, resulta obvio, poco interés podía tener en regular un tema que suele ser muy útil a los servidores públicos para proyectar buena imagen (lo que tanto requerían ellos) antes que rendir cuentas.
El plazo que tenía el Congreso del Estado para cumplir con esa obligación se venció hace 581 días, de los cuales en los últimos 544 los diputados que incurren en la falta son los actuales.
El 27 de mayo de 2019, el diputado priísta Mauricio Ramírez Konishi presentó una iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 135 de la Constitución Política del Estado, la que se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales; Hacienda del Estado; Vigilancia; y Transparencia y Acceso a la Información Pública en la sesión del 30 de mayo.
El mismo 30 de mayo, la diputada Martha Barajas García presentó en la oficialía de partes una iniciativa para expedir la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios, que fue turnada a las mismas cuatro comisiones en la sesión del 4 de junio.
En la sesión del pasado 5 de marzo, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, quien debió conocer las dos anteriores iniciativas desde el momento en que se presentaron al pleno, pero también como integrante de la comisión de Puntos Constitucionales, presentó una iniciativa para incorporar un capítulo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Tres intentos por cumplir el artículo tercero transitorio de la Ley General de Comunicación Social que hasta ahora, tras la iniciativa de Benavente Rodríguez (que se turnó en la sesión del 5 de marzo a una sola comisión, la de Puntos Constitucionales, y no a cuatro como las otras), desempolvan el tema con una reunión para revisar sólo la propuesta de Barajas García.
Independientemente del retraso y de que a las dos primeras propuestas les queda mes y medio para cumplir el plazo para que se les declare la caducidad, vale la pena destacar que en las primeras se incluyen dos elementos que amplían los avances que en la materia se lograron con la Ley General de Comunicación Social.
En la revisada este miércoles, Barajas García incluye la creación de un Consejo Consultivo que analice la correcta aplicación de la Ley y con la función de “presentar las denuncias o querellas correspondientes ante la autoridad penal o la Auditoría Superior del Estado, en cuanto se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a la comunicación social”.
En su propuesta, Ramírez Konishi retoma la idea de poner un límite al gasto en comunicación social que, sobre la Ley General el Colectivo #MediosLibres propuso que “el presupuesto asignado a publicidad oficial a nivel federal no podrá exceder del 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
En el artículo 18 de la propuesta del priísta, propone que “el gasto anual en propaganda gubernamental contenida en el programa no deberá exceder el cero punto cinco por ciento (0.5%) del Presupuesto de Egresos del ente obligado para el ejercicio correspondiente”.
Aunque se trata de un porcentaje 10 veces mayor al planteado por #MediosLibres, la propuesta de Ramírez Konishi le pondría un límite presupuestal a las áreas de comunicación social que hoy lo rebasan con mucho, incluído el propio Congreso del Estado.
De haberse aplicado ese límite este año, el Congreso del Estado, con un presupuesto anual de 323 millones 148 mil 355 pesos, no podría aplicar a comunicación social más de un millón 615 mil 741 pesos. Es decir, a la luz de esa iniciativa, el Congreso gastará este año 6.2 veces lo que la iniciativa considera un presupuesto razonable.
En el caso del Poder Ejecutivo, que de acuerdo a la clasificación administrativa del Presupuesto Estatal le corresponden 23 mil 78 millones 417 mil 294 pesos, aplicado el límite de gasto, le correspondería a comunicación social un presupuesto de 115 millones 392 mil 86 pesos. Se le asignaron 82 millones 972 mil 858 pesos, el 28.1 por ciento menos.
En el caso del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con un presupuesto anual de 3 mil 64 millones 543 pesos, habría tenido que asignar a comunicación social 15 millones 322 mil 715 pesos. Programó 62 millones 762 mil 410 pesos, que representa 4.3 veces el presupuesto que atendería la propuesta de Ramírez Konishi.
Son varios los gastos superfluos que la administración pública aplica y que resultan altamente ofensivos para la población. Uno de ellos es el abuso en la propaganda que muchas veces se personaliza en los titulares de las dependencias. Ramírez Konichi, en su iniciativa, establece un parámetro que da una idea del abuso.
Bajo ese parámetro, el gobierno de Juan Manuel Carreras López resulta moderado, en tanto que el Ayuntamiento capitalino incurre en un abuso bastante excesivo, pero es el Congreso del Estado el que resulta mucho más abusivo.
El Colectivo #Medios Libres, como ya se citó, estableció otro parámetro: 0.05 por ciento. Bajo esta medida, desde una perspectiva ciudadana, todos son unos abusivos: Carreras López gasta 7.2 veces lo que decentemente debería gastar, Xavier Nava Palacios gasta 43 veces lo que debería gastar, y el Congreso del Estado gasta 62 veces lo que debería de gastar en comunicación social.
No sólo se trata de armonizar la legislación local a la Ley General de Comunicación Social para cumplir con un transitorio, lo que urge es que se regule el dispendio en promociones innecesarias y se establezcan las bases para que los servidores públicos dejen de lado la propaganda y asuman un compromiso real de rendición de cuentas y para ofrecer información de calidad a la población.
