María Ruiz
La reciente resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que ordena al Ayuntamiento de San Luis Potosí reponer la convocatoria para la titularidad de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, ha generado rechazo por parte de comunidades y organizaciones indígenas.
El pueblo Xi’iuy, a través de sus cinco gobernadores tradicionales de los municipios de Santa Catarina, Tamasopo, Alaquines, Rayón y Ciudad del Maíz, ha manifestado su inconformidad con la resolución, calificándola como una vulneración a su máxima autoridad.
La resolución obliga al Ayuntamiento a reponer el proceso de publicación de la convocatoria, dejando a quien fungía como titular de la Unidad de Pueblos Indígenas de la capital sin la representación de Palmira Flores García, mujer indígena y maestra en política, quien fue elegida para dirigir este espacio colegiado.
En un posicionamiento público, denunciaron que la decisión del Tribunal atenta contra sus derechos colectivos y su estructura de gobierno tradicional.
Agravios derivados de la resolución
Las autoridades tradicionales del pueblo Xi’iuy han señalado tres principales afectaciones derivadas de la resolución del TEE en donde explican que la resolución interfiere en los procesos internos de elección y designación de la comunidad, afectando su capacidad para definir sus propias estructuras de gobierno.
De igual modo, señalan que al permitir la participación de personas ajenas al sistema normativo Xi’iuy, se abre la puerta a la fragmentación de la comunidad y al debilitamiento de su estructura tradicional.
Aunado a esto remarcaron que la inclusión de figuras ajenas a la representación indígena genera desconfianza e incertidumbre, afectando la estabilidad política y social del pueblo.
Las autoridades tradicionales han dirigido un exhorto a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denisse Adriana Porras Guerrero, en el que exigen el respeto a sus derechos colectivos, sustentados en el artículo 2 de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Palmira Flores García pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum
Por su parte, Palmira Flores García, representante de la comunidad Triqui en el municipio de San Luis Potosí, también ha expresado su rechazo a la decisión del Tribunal y ha solicitado la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
“En pleno año de la mujer indígena, las mujeres de la capital estamos sufriendo un atropello a nuestros derechos colectivos por parte del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Pedimos la intervención de la presidenta, porque las mujeres, los hombres y los niños de los pueblos indígenas estamos siendo excluidos de la administración pública municipal”, declaró.
Palmira Flores enfatizó que la lucha no es por un puesto en el gobierno, sino por el derecho a ser votadas y a participar en los procesos de elección.
Además, exigió una investigación al Tribunal Electoral de San Luis Potosí para esclarecer las razones detrás de la resolución y denunciar la posible corrupción que protege a personas ajenas a las comunidades indígenas.
“Llamamos a todas las mujeres indígenas del país a solidarizarse con nuestra causa. No es posible que en un momento como este, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí vulnere nuestros derechos y le dé la razón a hombres corruptos y misóginos. Pedimos a las funcionarias públicas que ocupan espacios de toma de decisiones que nos respalden y ayuden a proteger la colectividad de los derechos de las mujeres indígenas”, concluyó.
Acusan imposición y violencia política en San Luis Potosí
Aunado a esto, Palmira, acompañada de representantes de comunidades indígenas y organizaciones sociales, denunció irregularidades en la designación de la titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.
En un pronunciamiento público, señalaron que el proceso democrático fue anulado mediante resoluciones del Tribunal Electoral del Estado y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, favoreciendo a “un grupo corrupto y misógino”.
Las denunciantes señalaron que su candidata, quien había resultado electa de manera legítima, fue desplazada a través de decisiones judiciales que consideraron parciales y contrarias a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
“Quienes ejercemos la representación legítima de nuestros pueblos fuimos ignoradas, burladas y violentadas”, afirmaron.
En su pronunciamiento, también hicieron referencia directa a la magistrada Porras Guerrero al señalar que su llegada al Tribunal Electoral fue determinante en la resolución del caso.
“En su momento alguien nos advirtió que al nombrarse a la magistrada Denisse Porras Guerrero nuestro proceso se iba a caer, pero nosotros no lo creíamos, porque confiábamos en que los derechos colectivos de los pueblos iban a prevalecer sobre intereses políticos. ¿Pero qué creen? Sí se cayó y le dieron la razón a los corruptos y a los hombres misóginos que tienen denuncia en la Fiscalía General del Estado”, expresaron.
Palmira y las denunciantes calificaron lo ocurrido como un acto de violencia política de género y una muestra de la falta de autonomía en las instituciones encargadas de garantizar la participación de los pueblos indígenas.
“Nos arrebataron la Unidad Indígena para entregársela a quienes tienen el respaldo de funcionarios y magistrados a modo”, afirmaron.
Finalmente exigieron que se respeten los procesos de elección comunitaria y que se garantice la representación indígena sin injerencias externas que vulneren sus derechos.
