Antonio González Vázquez
Ha sido una semana funesta para el clan Gallardo: una demanda por enriquecimiento ilícito que se suma a otra por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos a Sandra Sánchez; el reporte de la Auditoría Superior de la Federación que señala irregularidades por 440 millones en el ayuntamiento de la capital; la mofa en la prensa nacional sobre Ricardo Gallardo Cardona a quien se compara con Napoleón Gómez Urrutia, el corrupto líder de los mineros y apodado peyorativamente como Napito; la vinculación que de ellos hizo el diputado José Luis Romero con un grupo de la delincuencia organizada; el adelanto (aun extraoficial) de que en el nuevo informe de auditorías 2016, el ayuntamiento capitalino trae observaciones financieras por 135 millones de pesos; el debilitamiento de la alianza con el PAN a causa del rechazo de la base blanquiazul a Gallardo Cardona como candidato al senado; la endeble defensa del CEN del PRD a la figura de Gallardo Cardona, cuyo caso se revisa en la Secretaría de Gobernación.
Definitivamente, una semana negra.
De seguir así, pronto se empezará a tambalear la candidatura al senado y por efecto carambola, las aspiraciones del clan que aspira al carro completo en el Congreso del Estado.
Tal vez es oportuno que el Partido de la Revolución Democrática haga lo que hizo en diciembre de 2014, cuando realizó una investigación interna por la presunción de tener relación o intereses con el crimen organizado.
El 17 de diciembre de 2014, previo a las elecciones del 2015 cuando Gallardo Cardona aspiraba a la candidatura a gobernador, Carlos Navarrete, entonces presidente del CEN del PRD había anunciado que Gallardo Cardona sería el primer alcalde perredista al que se le aplicaría el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política. Eso ocurría entonces porque estaba reciente el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en cuyo caso, se relacionó y fue detenido el alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.
Así lo informó aquella vez el partido del sol azteca según notas publicadas en la prensa nacional
México (17 de diciembre).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició una investigación interna contra su alcalde en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sobre quien existen señalamientos de presuntas irregularidades en su administración.
Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido también le hicieron un llamado para que comparezca inmediatamente ante la autoridad competente e informe todo lo que sea necesario para esclarecer su actuación al frente de la administración de dicho municipio.
“A las autoridades competentes les solicitamos que atiendan las remisiones de información que haga la dirección del partido y se realicen las investigaciones de manera profesional, rápida, efectiva y apegada a derecho, sin tintes políticos, que determine con precisión la realidad de los hechos y proceda en consecuencia, sin contemplaciones, pero con estricto apego a derecho”, indicó el CEN perredista.
De esta forma, Gallardo Cardona, quien además aspira a la gubernatura de San Luis Potosí, es el primer alcalde perredista al que se le aplica el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, que debe practicarse en todos los ámbitos de la vida interna del PRD y regir a todos sus militantes.
Los gobiernos municipales que están en funciones y que ganaron la elección con las siglas del PRD están obligados a cumplir puntualmente este protocolo y en el caso de existir señalamientos fundados sobre comportamientos presuntamente irregulares, deben comparecer ante la autoridad competente para esclarecer a cabalidad los señalamientos, ofrecer toda la información que sea necesaria y renunciar a cualquier clase de fuero o privilegio para que las investigaciones se hagan con prontitud y eficacia”, indicó el PRD.
El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, quien se encontraba de gira en el estado de Michoacán, también dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que con el edil Ricardo Gallardo se tomaron las primeras medidas en materia de legalidad y ética política al interior de la agrupación política.
De acuerdo con información de la PGR, obtenida vía transparencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indicó que 10 servidores públicos municipales son investigados por estar presuntamente relacionados con el crimen organizado.
El protocolo implementado en el PRD busca evitar que en el futuro existan más casos como el del exalcalde perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.
A inicios de diciembre, Navarrete aceptó que, más allá del estado de Guerrero, hay una mayor cantidad de casos de militantes de ese partido político que se encuentran vinculados con la delincuencia organizada. “Entró en vigor el protocolo y en este momento está listo para ser aplicado”, comentó entonces.
Si acaso ese protocolo aun es norma interna, es simple, que se aplique. Es lo que más le convendría al PRD.
