María Ruiz
Integrantes de asociaciones civiles defensoras de la comunidad LGBT+ exigieron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al Poder Legislativo incluir una partida presupuestal para apoyar a este grupo de la población.
Esto debido a que la Ley de Egresos 2023 no incluye recursos ni subsidios destinados que respondan a las necesidades y atiendan las problemáticas que enfrentan.
De acuerdo con el abogado Ernesto Barajas, activista de la comunidad LGBT+, se promovió un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito para que la Ley de Egresos incluya la asignación de montos económicos para la creación de políticas públicas que atiendan las dificultades de su día a día.
“Es un amparo que se presentó el 10 de febrero, y ahorita estamos a la espera que, tanto Congreso, como el gobernador del Estado, contesten esta demanda y expliquen”, señaló.
Parte de esta partida presupuestal, que esperan sea integrada en la Ley de Egresos sería destinada a la creación de un diagnóstico de necesidades de la población LGBT+, para diseñar políticas públicas que atiendan estos problemas, así como la disposición de programas en las diferentes dependencias y secretarías de la entidad.
Este tipo de amparo podría obligar a las autoridades a destinar recursos para apoyar a esta población, señaló Ernesto Barajas, quien reafirmó que es lo que buscan que suceda en San Luis Potosí.
Este recurso debería atender las características de las necesidades que demanda la comunidad, las cuales ya están definidas gracias a estudios estadísticos, como el realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según lo remarcado por los integrantes de estas asociaciones.
“San Luis Potosí ocupa el lugar número 15 a nivel nacional con mayor población LGBT, con un estimado de 130 mil personas que integran está comunidad. En este caso el Inegi, en un estudio realizado en el 2021, expone cuáles son nuestras necesidades y problemáticas a través de un censo de población”, explicaron.
Remarcaron también las condiciones de vulnerabilidad de las personas LGBT+, pues sus contextos de vida no son los mismos, por lo que una persona indígenas que integra está comunidad exige otro tipo de atención y necesidades por su condición de origen, así como las personas transgénero, quienes enfrentan contextos de violencia continua.
En este sentido, con el amparo buscan que se dirijan recursos para campañas y servicios especializados, entre los cuales destacaron el apoyo del sector salud en la transición de género, pruebas para detección de enfermedades de trasmisión sexual y la implementación de campañas escolares de información contra el acoso.
“Buscamos que se reconozca de viva voz cuáles son nuestras problemáticas y necesidades, y dependiendo de esto se signe un presupuesto, y que se impulse en diferentes áreas con estímulos de desarrollo”.
Por último, enfatizaron en que el que se pueda definir un presupuesto es hacer valer una lucha histórica del reconocimiento pleno de sus derechos y que se atiendan sus demandas, al ser personas LGBT+.
“No es cuestión con tintes políticos, este amparo es para garantizar nuestros derechos como población LGBT, hace falta voluntad y acciones, por eso acudimos este amparo y será el juez el que ordene estas disposiciones”.
