Estela Ambriz Delgado
El Comité Comunal de San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic de Carmona, solicita la intervención inmediata del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, para salvaguardar los derechos de las y los habitantes de la comunidad y sus representantes, quienes son perseguidos por la justicia penal por defender su territorio y el Río Calabacillas de las empresas inmobiliarias.
En conjunto con el equipo de acompañamiento sociolegal de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Comité hace un llamado también a la sociedad civil para manifestar el repudio del uso faccioso y represivo del Poder Judicial del Estado, así como a condenar la criminalización de las y los defensores de la comunidad de San Marcos Carmona.
Asimismo, informaron que frente a los triunfos legales de la comunidad, las inmobiliarias y agentes de seguridad presumiblemente estatales, en ocasiones con armas largas y operativos policíacos sin identificarse, han respondido con amenazas, agresiones y recientemente con una querella por la vía penal interpuesta por la empresa Promotora y proyectos “Proaljo”, contra las y los representantes del Comité Comunal de San Marcos Carmona a causa del derribo de una barda que la empresa valúa entre 6 y 8 millones de pesos.
“Con numerosas irregularidades en el proceso, la fiscal Perla Correa y el Juez Penal Juan de Dios Flores, han planteado condenar a dos de los dirigentes del movimiento. El juez dictó una sentencia condenatoria cuya pena será individualizada el 14 de junio de 2023”, se escribió a través de la página de Facebook de la Clínica de Litigio Estratégico.
La barda en cuestión se encuentra en un área de uso común del núcleo agrario e impedía el paso libre a la Sierra de San Miguelito de donde los habitantes obtienen los medios para su subsistencia, pastorean su ganado y recolectan diversos productos.
“Sorprende la rapidez en la integración de la carpeta de investigación, el despliegue policíaco durante las diligencias y la resolución desproporcionada del juez penal, lo que constituye en los hechos la criminalización de las y los defensores del territorio y ambientales”.
La fuerte reacción de la empresa se debe a los diversos juicios ambientales que las y los habitantes de la comunidad han promovido con asesoría de la Clínica de Litigio Estratégico, de los que el pasado 12 de junio el Comité Comunal de San Marcos Carmona obtuvo cuatro suspensiones definitivas en los juicios ambientales promovidos en defensa del Río Calabacillas y de sus derechos sobre tierras y aguas.
El Juez Tercero de Distrito del Noveno Circuito Judicial, José de Jesús Rosales Silva, concedió la suspensión definitiva a favor de la comunidad, que obliga a que las autoridades del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), a que garanticen la integridad del Río Calabacillas, se suspendan las descargas de aguas residuales y las obras que afecten su cauce natural.
Asimismo, deberán garantizar el acceso de los habitantes de la comunidad a la Sierra de San Miguelito, debido a que el personal de seguridad privada de los fraccionamientos les impedía el paso a las zonas de uso común de donde obtienen medios para su subsistencia, recolección de bienes naturales y realización de actividades como pastoreo y recreativas.
Respecto al tema de descargas de aguas residuales, el comité recordó que los fraccionamientos Fuerteventura, Forja Real y Ojaranza además de despojar de tierras y aguas y de los respectivos derechos sobre aquellas, han descargando aguas negras de manera ilegal sobre el Río Calabacillas, y además, desde 2022 las constructoras han empezado a “rellenar” el Río con material de construcción presumiblemente para la “apertura” de una vialidad.
Desde el año 2013 diversas empresas inmobiliarias identificadas como Fuerte Ventura, Gran Canaria, Forja Real, y otra decena de sociedades mercantiles, se asentaron en terrenos propiedad de la comunidad con instrumentos de compraventa irregulares controvertidos por la asamblea comunal y las autoridades agrarias, y esa disputa se encuentra en litigio ante tribunales agrarios.
Sin embargo los habitantes de San Marcos Carmona han vivido en su territorio desde hace mas de 400 años de forma pacífica, pública y continua, quienes viven del comercio, la agricultura y la ganadería a pequeña escala, así como de los bienes comunes que les facilita su cercanía con la Sierra de San Miguelito, entre los que se encuentra la caída del Río Calabacillas. Desde mucho antes habitaban ahí numerosos pobladores, principalmente guachichiles.
Los comuneros sustentan la propiedad con documentos que datan desde 1591, como lo es una Cédula Real expedida por el Rey de España, Felipe II, y con otros más recientes como una resolución presidencial del 12 de septiembre de 1929 con la que se le destinó una extensión territorial de 1,261,330195 hectáreas a la comunidad de San Marcos.
