Marcela Del Muro
Para las familias de víctimas de desaparición que integran el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, durante este primer año del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, las autoridades no se han preocupado por las personas que han sido desaparecidas en el estado y por respetar su derecho a ser buscados. Tampoco han dado continuidad al trabajo de las instituciones que buscan y previenen este delito.
“Estamos muy preocupados porque estamos retrocediendo, perdiendo derechos que ya teníamos ganados y regresamos a las condiciones desde donde iniciamos hace muchos años. Contamos con autoridades omisas, altaneras y mentirosas, que están viendo las instituciones de búsqueda de personas como un lugar de contratación para los amigos y para cumplir con los compromisos de campaña”, dice Edith Pérez, directora del colectivo.
Las familias denuncian que en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) se ha despedido a mucho personal que se encargaba de la investigación para dar con el paradero de las personas desaparecidas. “No hay policías de investigación ni ministerios públicos”, dice el colectivo, en cambio se está contratando a personal de oficina, obstaculizando la razón de ser de la institución.
La agenda de búsqueda de personas en campo, que lleva Voz y Dignidad por los Nuestros con la CEBP y la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, no se ha respetado.
“Tenemos establecidos polígonos de búsqueda desde el 2018 que no se han hecho, a pesar de que los buscadores solicitan la búsqueda a la Fiscalía, esto pasa porque no hay personal suficiente ni recursos”.
El colectivo señala que el personal de las dos instituciones de búsqueda no cuenta con vehículos ni gasolina para hacer las diligencias de búsqueda. Algunas de las unidades que se adquirieron en años pasados no recibieron servicio y están descompuestas o sin batería.
Las investigaciones hechas por los familiares del colectivo y la CEBP, durante la administración pasada, indican que hay 18 municipios donde se encuentran terrenos o fosas con restos óseos: Moctezuma, Ciudad Fernández, Villa de Arista, Armadillo, El Naranjo, Rioverde, Salinas, Soledad, Venado, San Luis Potosí, Ahualulco, Alaquines, Ciudad del Maíz, Santa María del Río, Villas de Zaragoza, Tamuín, Coxcatlán y Huehuetlán. Estos datos no incluyen los lugares que se han detectado desde finales de 2021 como Cerritos y Tamasopo.
En Rioverde, por ejemplo, existe un pozo muy angosto en la comunidad de Pastora donde se recuperaron 23 cuerpos, pero quedaron más. La CEBP de la zona Media estaba construyendo una herramienta para poder rescatar los cuerpos que faltan, pero ha sido complicado por el tema del presupuesto. El pozo quedó abandonado y sin vigilancia.
El 1 de junio de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el convenio para otorgar el presupuesto anual de la CEBP, donde se le dotó de 22 millones 394 mil 390 pesos, aportados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y el Gobierno del Estado, dinero que se tiene que utilizar realizar acciones de búsqueda de personas.
Edith Pérez señala que percibe una falta de voluntad de las autoridades para trabajar en el tema y brindar presupuesto digno, aunque según el convenio el presupuesto sí fue otorgado.
El pasado 4 de agosto, tras el ataque armado que sufrieron integrantes del colectivo y trabajadores de la CEBP de la zona Media, representantes de Voz y Dignidad por los Nuestros se reunieron con autoridades como Jorge Vega Arroyo, subsecretario de Gobierno; Ángel Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos; representantes de la Guardia Civil Estatal; la directora de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, Luz María Montes; el Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, Leobardo Aguilar Orihuela, y Miguel Ángel García Amaro, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
El comunicado de prensa de la Secretaría General de Gobierno señaló que “el nuevo Gobierno estatal busca ofrecer todo el apoyo y respaldo a estos colectivos durante sus acciones de búsqueda, y darles un acompañamiento que les permita alcanzar sus objetivos”.
Sin embargo, el colectivo relata otra historia. Aquel día, Jorge Vega y Ángel Gonzalo Santiago se fueron de la reunión cuando aún no se llegaba a un acuerdo de trabajo. Las mamás que representaron al colectivo pidieron se asignara presupuesto para las búsquedas y solicitaron cooperación de la Guardia Civil para integrarse a las instituciones y a las diligencias.
“Los de la Guardia Civil se estaban durmiendo, parecía que ni siquiera estaban enterados de por qué estaban ahí”, comentó Edith Pérez sobre la reunión.
Las familias que integran Voz y Dignidad por los Nuestros exigen que el Estado se comprometa a buscar y respetar los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias, también agradecen a los funcionarios que se han sensibilizado con su lucha y realizan el mejor trabajo sin contar con el presupuesto necesario ni las condiciones laborales dignas para realizarlo.
