Marcela Del Muro
De forma repentina, los activistas que están impulsando la Ley Santi, una ley ciudadana de movilidad para el estado de San Luis Potosí, se enteraron por la Gaceta Parlamentaria que el día hoy, 25 de abril, el Congreso del Estado tiene previsto votar un dictamen con proyecto de decreto para reformar varias leyes estatales en materia de movilidad; con el fin, supuestamente, de armonizar con lo que dicta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de mayo de 2022.
“Según ellos, ya mañana votarían la ‘armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial’, y todo bien, ya se pusieron a chambear, uno pensaría. Pues, ¿qué creen? Publicaron hoy en la Gaceta Parlamentaria sus intenciones de no hacer nada y de hacerlo todo mal en el intento”, denunció en redes sociales Claudio Aldrete, activista, experto sobre movilidad y fundador del colectivo Derechos Urbanos.
“Revisando el contenido del dictamen encontramos muchas problemáticas. Lo primero que notamos como ciclistas es que hace una imposición obligatoria del casco; en otra parte mencionan el manual de señalización vial, pero este contenido no está actualizado a la nueva NOM-004; también proponen la implementación de licencias digitales, pero quitan la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con póliza de seguro. Esta no es una armonización bien hecha, son parches que quieren hacer pasar como una armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, señala Víctor Hernández, activista y creador de contenido sobre el derecho a la movilidad a través de @PedaleandoSLP.
Lo que más molestó a los activistas es que, tras la presentación de la Ley Santi, el 19 de marzo de 2024, se habían reunido un par de ocasiones con el diputado panista Rubén Guajardo Barrera, para trabajar de la mano en una armonización bien hecha, acorde a la LGMSV y a la NOM-004-SEDATU-2023, que fue publicada en el DOF el pasado 12 de abril. Incluso, se le habían realizado varias observaciones que el diputado no tomó en cuenta y no se incluyen en el actual dictamen. Los activistas también se ofrecieron a dar un taller de sensibilización sobre movilidad a los legisladores.
“Se supone que estábamos trabajando y nada más nos cayó de golpe la realidad”, comenta Catalina Torres, activista especializada en movilidad accesible e integrante del Consejo Ciudadano de Movilidad. Ella explica que, según la acción de inconstitucionalidad 168/2021, las entidades federativas están obligadas a realizar una consulta previa a la emisión de una norma que afecte los derechos humanos de las personas con discapacidad y señala que la actual armonización es violatoria.
Pero, para entender mejor lo que está pasando con esta “armonización” a modo, tenemos que regresar unos años atrás. Lois Muñoz, ciclista y experta en movilidad, explica que después de la aprobación de la LGMSV, el Congreso tenía 180 días para armonizar sus leyes; durante ese plazo, al ver que los legisladores no estaban haciendo nada, Luis González, de la organización Cambio de Ruta, promovió un amparo para agilizar la armonización a principios de 2023.
“Pasan los meses sin hacer nada, hasta que más o menos lo empiezan a trabajar, es el documento que tienen ya listo desde el mes de enero (17 de enero de 2024). No sabemos por qué, pero ese documento lo congelan. Pasa el tiempo y (el diputado) Lorca Valle mete otra propuesta, (en febrero de 2024), que tampoco estaba bien hecha. Nosotros nos juntamos y metimos la Ley Santi. Pero, esta que van a aprobar mañana es la que se presentó desde enero, esa que no habían movido, que además no incluye las observaciones que nosotros ya le habíamos hecho a Guajardo”, explica Lois y agrega que el Congreso lleva más de 700 días de incumplimiento al no armonizar ni emitir su propia ley de movilidad.
Hace 10 días, el 15 de abril de 2024, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona responsabilizó a las y los diputados con licencia del retraso de la armonización de la LGMSV en el estado, tras la presentación de un punto de acuerdo en el Senado que solicitaba a 17 estados, entre ellos San Luis Potosí, homologar sus leyes.
“Esto le quita mucha credibilidad al gobierno cuando dice que está trabajando con la gente. En este caso, nosotros siempre hemos estado atentos a lo que están haciendo, dispuestos a colaborar, hemos metido documentos solicitando que nos incluyan, incluso elaboramos nosotros la Ley Santi y la presentamos. Nosotros les ofrecimos todas las herramientas para que esto se hiciera de la mejor manera. Que esto se haga al vapor le quita credibilidad a las y los tomadores de decisiones, que dicen que están al servicio de los ciudadanos, esta es una prueba clara de que no. Particularmente ahora en temporada electoral, todos los candidatos están haciendo promesas y es importante resaltar que muchos de ellos se están re eligiendo”, finaliza Lois Muñoz.
