Conciencia Popular no descarta impugnar la Ley Electoral

Ma. Elena Ramírez Ramírez, manifestó que la reducción de los tiempos de campaña no afectan a quienes siempre están involucrados en el proselitismo.

Angélica Campillo

Sin mencionar nombres, la diputada del Partido Conciencia Popular (PCP), Ma. Elena Ramírez Ramírez, manifestó que la reducción de los tiempos de campaña, aprobada en la nueva Ley Electoral para San Luis Potosí, no afectan a quienes siempre andan en campaña.

Entre los puntos de la ley con los que la legisladora de Conciencia Popular no estuvo de acuerdo se encuentran: el aumento de 3 a 3.7 por ciento de la votación válida emitida para que un partido político pueda acceder a una diputación plurinominal; la desaparición de las alianzas partidarias; así como la reducción de los tiempos proselitistas.

En caso de las precampañas para la elección a la gubernatura, tendrán una duración de 40 días, y de 25 días para diputaciones y ayuntamientos; mientras que las campañas para la gubernatura del estado pasarán de 90 a 60 días; y diputaciones y ayuntamientos, de 60 a 40 días.

“Está bien para la gente que anda en campaña todo el tiempo, pero el detalle es por ejemplo para un candidato a gobernador… recorrer el estado en ese tiempo es casi imposible. Para quienes sí cumplimos con la ley, va a estar complicado”, sostuvo Ramírez Ramírez.

En ese contexto, la diputada no descarta impugnar la nueva Ley Electoral aprobada por mayoría en el Congreso del Estado, una vez que entre en análisis del documento que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), y para lo cual tiene 30 días hábiles.

“Estamos a muy buen tiempo para revisarla, y si se hicieron los cambios establecidos, impugnarla. Dependiendo de cómo fue publicada vamos a proceder legalmente”, manifestó la legisladora.

Para Ramírez Ramírez, es tan amplia la Ley Electoral que se requería un estudio muy de fondo, y al mismo tiempo se podía cumplir con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la realización de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y a las personas con discapacidad, por lo que no había necesidad de aprobarla de forma exprés.

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