Jaime Nava
La Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado determinó que existen elementos suficientes para demostrar que elementos de la Policía Ministerial incurrieron en faltas administrativas al no proteger la cadena de custodia de un video clave en la investigación del robo a una llantera ocurrido en Soledad de Graciano Sánchez en el que habrían estado involucrados policías de ese municipio.
El 17 de diciembre del 2018, Eduardo Olivares acudió a la Fiscalía General del Estado a denuncia que su negocio había sido saqueado por completo. Luego de denunciar, elementos de la Policía Estatal le informaron que cerca de su establecimiento se encontraba una cámara del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y que existía un video.
El video, según el testimonio de Eduardo Olivares, mostraba a presuntos elementos de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez interactuando los ladrones y se observaba cómo la patrulla habría “escoltado” a quienes vaciaron su llantera.
El video del C4 fue enviado al Policía Ministerial encargado del caso por el director General de Tecnología en Seguridad Pública, Ricardo Galindo Ceballos, según consta en el oficio SSP/DGTSP/RYT/0028/2018; sin embargo, la grabación desapareció del expediente en la Fiscalía General del Estado.
Al percatarse de la desaparición, el 19 de mayo del 2019, Eduardo Olivares presentó una queja la cual tardó cinco meses en convertirse en una denuncia que finalmente realizó el entonces visitador General de la Fiscalía, Luis Fernando Luna Aguilar ante la Contraloría General del Estado el 15 de octubre de ese año.
Tras practicar diversas diligencias, la Contraloría General del Estado consideró que existen elementos suficientes para demostrar que los policías ministeriales incurrieron en faltas administrativas toda vez que uno de ellos “omitió totalmente poner en resguardo el DVD que contenía datos de prueba útiles, necesarios y pertinentes que servirían para establecer la identidad de él o de los probables responsables de la comisión del delito […] pudiendo haber destruido y alterado la cadena de custodia correspondiente y, desde luego, dilatando el proceso de investigación”.
De manera clara, en la resolución de la denuncia, la Contraloría General del Estado refiere que la Policía Ministerial sí obtuvo el video grabado por las cámaras del C4, pero, “no lo puso de manera inmediata a disposición de la autoridad competente”.
Asimismo, se advirtieron diversas irregularidades atribuibles a otro agente de la ministerial encargado de la investigación de quien obran actuaciones practicadas por él fechadas en días en los que ya no tenía asignada la carpeta de investigación.
A pesar de lo anterior, y porque así lo indica la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, las faltas en las que la Contraloría General del Estado presume que incurrieron los policías ministeriales encargados de la carpeta de investigación del robo a la llantera, fueron calificadas como “no graves” dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa CGE/DIAEP/EIA-102/2019.
El informe de presunta responsabilidad fue turnado a la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública de la Contraloría General del Estado por ser la autoridad substanciadora.
