Eduardo Delgado
Por no comprobar ningún impedimento para pagarles las remuneraciones retenidas durante medio año a dos ex regidores y porque 17 meses después no se las han pagado en su totalidad, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el pasado jueves la multa impuesta por el tribunal local a integrantes del cabildo y funcionarios del municipio de Cerro de San Pedro.
En el trienio 2015-2018, encabezado por el alcalde Ángel de Jesús Nava Loredo, les fue suspendido el pago de seis meses de dietas ordinarias y extraordinarias a la regidora Ma. Faustina Martínez Ponce y al regidor Ricardo Gómez Ponce, de los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional, respectivamente, lo que ambos reclamaron el 8 de marzo de 2017.
En agosto de ese mismo año el Tribunal Electoral del Estado, integrado por los magistrados Oskar Kalixto Sánchez, Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, le ordenó al Ayuntamiento pagarles a los entonces integrantes del cabildo.
Transcurridos 17 meses la hoy presidenta municipal, Ma. Rosaura Loredo Loredo, madre de su antecesor, no ha cubierto la totalidad de los 79 mil 976.73 pesos a la ex regidora del partido verde y 86 mil 461.33 al ex regidor del tricolor; en distintas fechas ambos cobraron parcialidades que en el caso de ella suman 34 mil 584.53 pesos y 41 mil 069.13 pesos en el de él.
En diciembre del año anterior y el primero de febrero de 2019, el tribunal local confirmó el incumplimiento de su sentencia a cabalidad e impuso una multa a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, a la Tesorera Alma Yuliana Salazar Alvarado y al Secretario General, Juan Carlos Escalante Martínez, quien fungió como regidor priista en el trienio anterior. El monto de la sanción pecuniaria es por el equivalente a 100 Unidades de Medidas de Actualización, es decir, 8 mil 060 pesos según el valor de cada unidad en 2018.
El pasado jueves 11 de abril, en sesión ordinaria, los magistrados electorales de la sala con sede en Monterrey aprobaron su resolución acerca del expediente SM-JE-20/2019, con un sentido adverso a la intención de la alcaldesa en turno.
“Es conforme a Derecho la multa impuesta por el referido Tribunal a los integrantes del mencionado Ayuntamiento por el incumplimiento de sentencia, pues aunque han realizado actos tendentes a su cumplimiento, ha transcurrido en exceso el tiempo sin que acrediten impedimento alguno para su acatamiento total”, asentaron en su sentencia aprobada por unanimidad.
Avalaron también la resolución del tribunal local, que también dio vista del caso al Congreso del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, ordenó además al Ayuntamiento realizar el pago de inmediato y le advirtió que en caso de no hacerlo impondría una multa mayor.
Los magistrados de la Sala Regional Monterrey precisaron que con el pago parcial y la simple manifestación del Ayuntamiento en el sentido de que realizó gestiones, ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y el Congreso del Estado, para cumplir la sentencia “no es posible justificar el incumplimiento a la sentencia”.
A la fecha de la interposición del presente juicio, promovido por la alcaldesa en turno, Ma. Rosaura Loredo y otros, “no se ha realizado el pago total” y “han transcurrido más de 17 meses sin que se dé total cumplimiento a la sentencia”, señalaron el magistrado presidente de la Sala Regional, Ernesto Camacho Ochoa y sus compañeros Yairsinio David García Ortiz y Claudia Valle Aguilasocho.
