Por Victoriano Martínez
La confrontación entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y los trabajadores al servicio del gobierno del Estado alcanzó este fin de semana niveles alarmantes en los que literalmente se ha puesto en riesgo la salud y hasta la vida de los burócratas que tienen la desgracia de requerir servicios hospitalarios, con consecuencias que pudieran llegar a ser fatales.
Desde el pasado viernes, en el Hospital de la Salud se comenzaron a dar casos de enfermos, incluso graves, que fueron “dados de alta” –expulsados, según el término usado por Rosario García Leija, vocera del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado– porque gobierno ahora también dio de baja el servicio médico particular para los burócratas.
La cancelación del servicio médico privado fue la reacción de la autoridad a la resolución del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito que ordenó que se restablecieran “desde ya” los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en igualdad de términos y como lo recibían los trabajadores del Gobierno del Estado.
En los sindicatos de burócratas estatales que se oponen a que sus agremiados sean dados de baja del IMSS, desde el pasado viernes comenzaron a hacer acopio de información sobre casos de trabajadores a los que se les negó el servicio en el Hospital de la Salud y a quienes dieron “de alta” e incluso les cancelaron intervenciones quirúrgicas, en algunos casos urgentes.
Se han reportado casos como el de Angélica Rocío Ruedas Rojas, a quien, después de una semana de darle atención y tras programar una cirugía por una hernia reventada para la mañana del domingo, de último momento se la cancelaron.
Tras la intervención de su sindicato, le volvieron a programar su cirugía para este lunes, con lo que podría terminar su calvario y finalmente le realicen la operación.
El acopio de casos con testimonios de por medio por parte de los sindicatos continúa, además de que a través de redes sociales también han aparecido comentarios que relatan en primera persona la negativa de atención, tanto en el servicio privado como en el IMSS, como por ejemplo el siguiente, que apareció en una publicación de la revista La Noticia en Facebook:
“Yo fui a urgencias porque estoy por ser intervenida y resulta que estoy dada de baja, fui a urgencias del IMSS y también me indicaron que no tengo seguro yo lo responsabilizo al Gobernador Ricardo Gallardo de lo que me pueda pasar en mi salud por que con eso no se juega, nos está poniendo en un riesgo real, inminente, al no podernos atender”.
Al reaccionar con la cancelación del servicio médico privado a la orden de reintegran a los burócratas al IMSS e incumplir con hacerlo “desde ya”, el gobierno del Estado abrió un periodo en el que la inmensa mayoría de sus trabajadores no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
Los burócratas que han pretendido algún servicio en el hospital privado se han encontrado con lo que consideran un trato vengativo y selectivo, pues se dan casos de trabajadores a quienes sí se les da el servicio porque comparten una característica: están afiliados al Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado (SERTGE).
Una preferencia que se explica porque Bertha Alicia Gutiérrez Gutiérrez, secretaria general del SERTGE, respaldó la determinación de retirar del IMSS a los burócratas dos días después de que se dio a conocer la intención del gobierno estatal de darlos de baja.
Además de ser alarmante la situación porque pone en riesgo la salud y hasta la vida de los integrantes de todo un gremio, implica una violación al derecho humano a la salud en la que, en el caso de Gallardo Cardona autoridad, acumula una serie de agravantes por las medidas que ha tomado.
Una violación al derecho a la salud que exhibe de forma grave la actitud del servicio médico particular contratado que privilegia el negocio por sobre la prestación del servicio, al grado de incurrir en una violación al artículo primero de la Constitución.
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, señala el párrafo tercero del artículo primero constitucional.
Como parte del Sistema Nacional de Salud, los hospitales son autoridad en la materia y, en consecuencia, al negar los servicios a quienes ya habían comenzado a atender y a quienes tenían el beneficio de un contrato suspendido de manera irregular, incumplen con proteger y garantizar el derecho a la salud de esos pacientes.
La cancelación unilateral del servicio por parte de Gallardo Cardona, además de la misma violación, rompe con el principio de progresividad, y es responsabilidad del mandatario. Que el hospital anteponga el negocio antes que la atención a los pacientes sólo exhibe que desde que la salud se convirtió en una mercancía de lujo, los nobles objetivos de la Medicina se han perdido.
