Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ha enfrentado un notable descenso en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados en el estado. Ante este panorama, José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente, aseguró que el fenómeno se produce en un contexto de cambios normativos que han generado confusión y dificultades en la implementación de nuevas obligaciones.
Según Navarro Alviso, la principal causa de esta disminución fue la reforma a los lineamientos de transparencia, que provocó un desfase técnico que orilló a los sujetos obligados a adecuar su información tanto en la plataforma nacional como en la local, un proceso que ha llevado tiempo y ha afectado la entrega oportuna de información.
“Tuvimos un proceso aproximadamente de dos meses en el que a nivel nacional se reformaron los lineamientos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, es decir, que aparte de los lineamientos tuvo que empatar en la plataforma nacional por vía de consecuencia. Estas obligaciones por parte de los sujetos obligados a nivel estatal también tuvieron que hacerse la modificación de los lineamientos en materia local”, explicó.
La comisión ha registrado una caída progresiva en el cumplimiento, pues pasó del 78.71 por ciento en enero de 2023 al 69.26 por ciento en agosto, marcando una reducción de 9.45 puntos porcentuales.
Con la llegada de Navarro Alviso como presidente y la integración completa del pleno con nuevos comisionados, se observó una inercia en la vigilancia del cumplimiento, lo que ha llevado a una caída aún más acentuada en el cumplimiento.
Mientras que de enero a agosto también hubo una reducción. En enero, el cumplimiento era del 79.27 por ciento, y en agosto bajó a 63.14, lo que equivale a una disminución de 16.93 puntos porcentuales. La caída del cumplimiento tras el nombramiento de los nuevos comisionados fue del 15.79 puntos porcentuales, en comparación con una reducción promedio de 0.71 por ciento entre enero y junio.
El comisionado destacó que, hasta el momento, no tienen un análisis completo del cumplimiento debido a que las autoridades aún están en tiempo de cumplir con las nuevas obligaciones. Sin embargo, a principios de octubre se realizará una evaluación de los meses previos: julio, agosto y septiembre, para determinar las entidades que han cumplido con sus responsabilidades.
A pesar de las dificultades, Navarro Alviso subrayó que hay entidades que han mantenido un comportamiento proactivo en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que, tras la evaluación, la CEGAIP procederá con las verificaciones necesarias y, si es pertinente, abrirá procedimientos de revisión para la aplicación de sanciones o que estén en posibilidades de cumplir con las obligaciones”.
“Si tú accesas a la plataforma te vas a encontrar que hay autoridades que proactivamente han estado cumplimentando sus funciones sus obligaciones con independencia de este receso que se tuvo. Entonces en gran medida atiende a eso, no tiene que ver ninguna otra circunstancia y nosotros, una vez terminados los 10 días que tenemos en el mes de octubre, iniciaremos con la verificación respectiva”.
El comisionado también se refirió a los 59 municipios que tendrán una nueva administración. Hizo un llamado a los nuevos gobiernos a cumplir proactivamente con sus obligaciones de transparencia, pues la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la democracia.
Asimismo, presumió que, para mejorar el cumplimiento de los sujetos obligados, la CEGAIP ha trabajado en la capacitación de las nuevas autoridades municipales y estatales, incluyendo un reciente proceso de capacitación conjunto con la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).
“La transparencia no debe ser vista solo como una obligación gubernamental, sino como una cultura”, subrayó tras mencionar que las capacitaciones se mantendrán de manera constante.
En cuanto a la situación actual, el presidente de la CEGAIP estimó que, aproximadamente, el 85 por ciento de las administraciones municipales cumplen con sus obligaciones de transparencia. Sin embargo, alrededor de 10 municipios aún enfrentan procedimientos por incumplimiento, pero esta falta no es una omisión voluntaria, sino una cuestión de capacitación insuficiente en algunas áreas administrativas.
Ante los constantes cuestionamientos de la prensa sobre sanciones o multas, el funcionario subrayó que la CEGAIP no es un órgano fiscalizador, sino un ente dedicado a promover la transparencia.
“Hay que recordar que la CEGAIP no es una autoridad fiscalizadora, o sea, nuestra función no es imponer sanciones o multas, nuestra función es hacer que la información sea transparente”.
La CEGAIP planea intensificar sus esfuerzos de capacitación y fomentar el acercamiento con los sujetos obligados, incluyendo capacitaciones constantes y la entrega de información a las autoridades para que puedan cumplir con sus obligaciones.
“Más que verlo como una obligación gubernamental, debemos de verlo como una cultura; la cultura y la transparencia y la protección de datos”.
En cuanto a las verificaciones cualitativas de las obligaciones de transparencia y el retraso que ha llevado de comisión desde administraciones anteriores, afirmó que la próxima evaluación de cumplimiento se espera que arroje luz sobre los avances y las áreas que aún requieren atención para mejorar la transparencia en el estado.
“Hemos culminado procedimientos, casi en su gran mayoría de los procedimientos ya iniciados en el anterior pleno, y a partir de hace dos sesiones tuvimos una revisión de ello; y en la subsecuente ordinaria estaremos en posibilidades de ver cuáles son con una verificación primaria que se realiza. Cuáles son los sujetos obligados que menos cumplen, que más recursos de revisión tienen, qué más denuncias tienen, y quiénes son más recurridos a través de solicitudes de información; ellos nos dan muestra de que en su caso son los sujetos a los que hay que poner especial atención”.
Navarro Alviso también se refirió a la reforma constitucional que busca la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y los órganos garantes locales como la CEGAIP.
Expresó su preocupación al argumentar que eliminar estos órganos no es la mejor vía para garantizar el derecho a la transparencia. Aunque la obligación de transparencia va a persistir, considera que la desaparición del órgano afectaría la supervisión y revisión de la información pública.
