Antonio González Vázquez
En su sesión ordinaria de este jueves 21 de septiembre, el Pleno del Congreso del Estado dará entrada a la iniciativa presentada por un grupo de mujeres que forman el Frente Marea Verde, cuyo propósito es reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado para “garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por medio de las reformas a la normativa vigente, que criminaliza la decisión de interrumpir de manera voluntaria el embarazo”.
La Gaceta Parlamentaria para esa sesión incluye dicha iniciativa, en cuya exposición de motivos expresa antecedentes respecto de propuestas semejantes que al final han fracasado:
“Cada vez que se ha discutido la interrupción legal del embarazo y su criminalización en este Congreso, se ha generado un ambiente de persecución en contra de legisladoras, legisladores y ciudadanas que han promovido estas iniciativas por parte de algunos grupos conservadores y religiosos, lo que ha impedido una discusión seria, con otras perspectivas y sin prejuicios”.
Y agrega: “La narrativa, que se ha empleado de una supuesta ‘defensa de la vida’, deja fuera el problema de la mortalidad de las mujeres, de su salud, de su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre la maternidad. Siempre se aborda el tema como la constitución de un delito con supuestos absolutorios, lo que implica una forma de violencia de género”.
Precisa que “quitar las restricciones al acceso legal del aborto en sus primeras 12 semanas no significa el aumento de los casos o su disminución, simplemente significa cambiar los procedimientos de lo que antes era clandestino y de riesgo, por una práctica legal y segura”.
“La imposición de un embarazo no deseado implica una restricción severa a la autonomía de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar, pues una maternidad impuesta limita la autonomía reproductiva y obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad en los diferentes ámbitos de su vida social”, subraya la iniciativa.
Advierte, además, que “una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, atenta contra la integridad física y mental de la mujer no solo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida”.
Les hacen ver a diputadas y diputados que “pueden realizar las medidas necesarias para implementar políticas integrales que garanticen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención para el aborto seguro”.
La iniciativa de reforma propone una modificación profunda respecto de la norma actual.
Por ejemplo, el primer párrafo del artículo 148, define:
“Comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”.
En contraste, la propuesta dice lo siguiente:
“Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio, y, un aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer embarazada o persona gestante”.
Luego de que la iniciativa sea presentada en el Pleno, esta será canalizada por la Directiva a Comisiones para su dictamen.
En ese sentido, las promotoras de las reformas demandan del Poder Legislativo que el tema se discuta con seriedad y no se reproduzcan situaciones del pasado reciente, cuando solo se exponían argumentos anacrónicos, religiosos, morales y culturales, “con puntos de vista que distan mucho de lo jurídico”.
