Fernanda Durán
El Congreso del Estado exhortó a los 58 ayuntamientos para que gestionen e implementen acciones administrativas a fin de pagar pensiones o crear grupos cotizadores que conformen fondos de pensiones, así como llevar a cabo procesos laborales a corto, mediano y largo plazo para evitar laudos laborales.
Este jueves 22 de junio el Poder Legislativo aprobó dos puntos de acuerdo dirigidos a los 58 ayuntamientos, el primero de estos para que, a la brevedad, realicen gestiones e implementen acciones administrativas a fin de atender la problemática que les genera el no contar con un sistema de pensiones adecuado para sus trabajadores, de acuerdo con la comisión dictaminadora.
Las acciones van desde pagar pensiones, crear grupos cotizadores que conformen fondos de pensiones en favor de sus trabajadores, hasta reportar debidamente a la Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado.
El diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, detalló que en 2023, 22 ayuntamientos siguen sin estructurar un fondo de pensiones; mientras que los 36 ayuntamientos restantes destinan gasto corriente al pago de pensiones.
Entre los ayuntamientos que no contemplan presupuesto para pensiones se encuentran: Axtla de Terrazas, Catorce, Cerro de San Pedro, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Huchuetlán, Matehuala, Matlapa, Mexquitic de Carmona, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tampacán, Tanlajás, Tierra Nueva, Villa de Ramos, Villa Hidalgo y Xilitla.
El segundo exhorto pide que implementen procesos laborales adecuados a corto, mediano y largo plazo, para minimizar el riesgo de demandas laborales que resulten en laudos en contra y provoquen el desbalance de sus finanzas públicas.
Ramírez Konishi precisó que según los presupuestos de egresos del 2023, 32 ayuntamientos reflejan un “riesgos por laudos”, y únicamente cuatro de ellos tienen destinada una partida presupuestal para tal fin, cuyo costo asciende a 10 millones 191 mil 556 de pesos.
“Esto es inaceptable, las ineptitudes de algunos funcionarios no tienen por qué ser subsanadas a cargo del erario”.
En tribuna, el legislador indicó que se pretende la búsqueda de la resolución pacífica y ordenada de las partes involucradas en los conflictos laborales conforme los tipos de conflictos contemplados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tales como los conflictos individuales y los colectivos; los conflictos de derechos y los conflictos de intereses.
