Estela Ambriz Delgado
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, señaló que el Congreso del Estado ha fallado sistemáticamente en realizar una consulta adecuada a los pueblos y comunidades indígenas, lo que afectó al sector, además de hacer un gasto inútil de alrededor de 9 millones de pesos, tras la invalidación de diez artículos de la Ley Electoral del Estado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cisneros Sánchez resaltó que la consulta deficiente que realizó el Congreso en 2022 se derivó de la acción de inconstitucionalidad 164/2020, y ahora volvieron a cometer los mismos errores y omisiones, y cayó otra vez la Ley Electoral por la falta de una debida consulta a comunidades indígenas.
“Los modelos de consulta que han estado realizando han sido objeto de cuestionamiento y la Corte ha respaldado a las comunidades derivado de que es tal el tamaño de las vulneraciones a las comunidades indígenas en materia de participación y consulta, que hoy tenemos este resultado, volvemos a la Ley 2014 y la nueva consulta indígena que van a tener que hacer va a ser pasando el proceso electoral”.
El representante del Observatorio Indígena consideró que la determinación de la SCJN beneficia a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, quienes fueron segregados en la pasada consulta realizada en 2022.
“Fueron echados a un lado por la consulta y maltratados en la pasada consulta que hizo el Congreso, porque los diputados ni siquiera iban a los eventos. También a los discapacitados los hicieron a un lado y les dijimos que en la población indígena también hay discapacitados, jamás los convocaron, jamás los tomaron en cuenta, los querían hacer caminar horas, ¿cómo va a llegar una persona discapacitada a los eventos que impusieron? Es imposible”, recalcó.
Asimismo, espera que las y los diputados entiendan que es momento de sentarse a conversar y de concebir otro tipo de consulta, porque está demostrado que las que han hecho no sirven y han gastado el dinero de los contribuyentes inútilmente, mientras que las principales víctimas de las consultas fallidas son los pueblos y comunidades indígenas.
“La víctima principal de estas fallas, de estas aberraciones de consulta, son los pueblos indígenas que quedan de nuevo en una situación también de desventaja porque nunca han sido debidamente consultados y siguen esperando que se les reconozcan sus derechos político electorales”.
El representante también refirió que sigue pendiente que el Congreso y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) atiendan la demandas que se encuentran en tribunales sobre consultar la transición del sistema ordinario de partidos al de usos y costumbres, solicitado por los municipios tének y náhuatl de San Antonio, Tancanhuitz y Tanlajás; tema por el que recientemente el Tribunal Electoral del Estado admitió diversos juicios para la protección de los derechos políticos electorales.
En este sentido, señaló la incongruencia de la LXIII Legislatura al aprobar una propuesta para atrasar el proceso electoral para lograr constituir a Villa de Pozos como municipio, y aprobar el presupuesto para hacer el plebiscito correspondiente sin considerar la consulta que la población indígena demanda desde 2020.
“Están modificando el inicio del proceso electoral dos meses más para darle cabida a una nueva municipalidad, pues es entonces que me pregunto si van hacer un plebiscito sin considerar la consulta que han estado pidiendo las comunidades desde 2020. ¿Quieren tener otra vez otro litigio que vuelva a dar un revés a las cosas?”, cuestionó.
Finalmente, Cisneros Sánchez destacó que el Ceepac queda mal debido a que en gran medida ellos son responsables de las consultas fallidas, pues como autoridad electoral jamás dijeron nada al respecto, por lo que se evidencia que ha sido “omiso, negligente y cómplice de la vulneración de derechos indígenas”.
