Fernanda Durán
El Congreso del Estado impugnó la sentencia que lo obligaba a armonizar la legislación local conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial antes del 30 de junio, hecho que retrasará el proceso hasta seis meses, según informó la organización civil Cambio de Ruta.
El recurso de revisión fue promovido por la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Cinthia Verónica Segovia Colunga, en contra de la sentencia del juicio de amparo 13/2023, resuelto en favor de Luis González Lozano, integrante de Cambio de Ruta.
“Es lamentable que para la movilidad (tema delicado) no exista el sentido de urgencia que sí hay para otros trámites como lo es municipalizar Villa de Pozos”, manifestó González Lozano.
En el escrito presentado, el Poder Legislativo consideró “arbitrario” el plazo que el Juez Cuarto de Distrito le otorgó para cumplir con la sentencia, el cual finalizaba el próximo 30 de junio, fecha en que concluye el segundo periodo ordinario de sesiones.
En ese sentido, cabe señalar que el Congreso omitió realizar este proceso desde el 17 de mayo de 2022, hace más de un año, cuando la Ley General de Movilidad fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, de la cual el segundo transitorio otorgó un plazo de 180 días a las legislaturas locales para armonizar sus leyes.
Además, en el recurso, el Congreso argumenta que sí ha llevado a cabo acciones para armonizar las normas vigentes y enumera las fechas de cuatro iniciativas presentadas por diversos legisladores, aunque todas son previas al 17 de mayo, fecha en que se publicó la Ley General de Movilidad.
Otro argumento que utilizó el Poder Legislativo fue que el estado sí cuenta con regulación en materia de movilidad y refirió a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.
Finalmente, se señala que para la armonización de dicha ley deberá llevarse a cabo una consulta pública a personas con discapacidad, lo cual –de acuerdo con el Congreso– “resulta imposible” de realizar en el plazo establecido por el juez.
El 5 de junio, la diputada Liliana Flores Almazán, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) e integrante de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, anunció que se solicitaría una prórroga para atender el requerimiento, no obstante, a pesar de no tener definida la temporalidad del plazo estimó que podrían ser hasta seis meses, ya que deberán hacer una consulta ciudadana “enfocada a todos los sectores”.
Además, seis meses después de que finalizó el plazo para que el Congreso del Estado cumpliera con la armonización la Ley General de Movilidad, la Jucopo acordó designar a dos asesores con el objetivo de revisar las modificaciones requeridas.
Este lunes, Flores Almazán dio a conocer que los asesores Hayro Omar Leyva Romero y Eduardo Valerio Cuevas fueron designados para realizar dicha tarea.
