Fernanda Durán
Debido a la parálisis del trabajo legislativo por el lapso previo a la elección en el que se prohíbe la propaganda, el Congreso del Estado aseguró que “pasando la veda electoral” buscará reunirse con las parteras tradicionales a fin de modificar, si fuera necesario, la reforma a la Ley de Salud aprobada el 23 de mayo.
Esto luego de la exigencia de organizaciones, parteras, médicos tradicionales tének, nahuas y xi’iuy de frenar la reforma por su falta de consulta y que contraviene la Ley General de Salud.
Aunque las personas inconformes con la modificación aseguraron que no se les tomó en cuenta para llegar a la determinada reforma, la presidenta de la Comisión de Salud, Yolanda Cepeda Echevarría, expresó que en su momento, representantes de la parteras tradicionales fueron atendidas, escuchadas y se conocieron sus inquietudes.
“Estuvieron varias mujeres a quienes se les escuchó y se les manifestó el interés del Congreso del Estado de que esta reforma fuera revisada en una mesa de trabajo con los asesores de la Comisión de Asuntos Indígenas, la Comisión de Salud y los diputados interesados en el tema, para poderlos atender en tiempo y forma”.
Debido al requerimiento de una solución y evitar la reforma, el Poder Legislativo respondió que está “en la mejor disposición de escucharlos, de atenderlos, de robustecer la ley, de adecuarla y en darle seguimiento a sus propuestas”.
Además, Cepeda Echevarría defendió una de sus modificaciones al asegurar que se le daba reconocimiento a las “parteras tradicionales”, pero abogados, activistas y representantes de los pueblos y comunidades indígenas aseguraron que se trata de una definición muy sencilla colocándolas por debajo de los Servicios de Salud.
El Poder Legislativo refirió que el decreto establece que los comités de salud en coordinación con las instituciones de salud y educativas considerarán el respeto a derechos humanos, usos y costumbres, y perspectiva de género e intercultural, con lenguaje claro y simple, en el caso de áreas indígenas con términos aplicables y entendibles. Sin mencionar algo al respecto de la falta de consulta.
Establece que en los hospitales generales y regionales del estado que traten población indígena, el personal deberá estar capacitado en materia de derechos humanos; y a su vez tendrá que haber dentro de la unidad hospitalaria, cuando menos una persona traductora de las lenguas náhuatl, téenek y xi’iuy.
Se establece en el artículo transitorio segundo que las autoridades de salud contarán con un plazo que vence el día uno de enero de 2025, para dar cumplimiento a las obligaciones que se desprenden de este decreto en materia de capacitación en derechos humanos, profesionalización mediante la impartición de talleres y diplomados con valor curricular dirigidos a las parteras profesionales, parteras tradicionales, médicos tradicionales, y demás personal y profesionales en la salud que radican y laboran en zonas con población indígena; así como con la obligación de contar con personas traductoras de la lengua xi’iuy.
Sin embargo, las organizaciones han señalado que contraviene las reformas que se efectuaron a la Ley General de Salud en materia de partería tradicional que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo.
