Congreso de SLP perfila la desaparición del Interapas, aunque advierten riesgo de inconstitucionalidad

Fernanda Durán

La iniciativa para la extinción del Interapas ha generado división de opiniones al interior del Congreso del Estado; algunos advierten la inconstitucionalidad de la modificación, otros lo descartan y casos como la diputada Emma Saldaña Guerrero se sumaron a la propuesta antes de su envío al análisis en comisiones.

La iniciativa promovida por diputadas y diputados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, del Trabajo (PT), Nueva Alianza y afines, fue recibida este jueves 20 de junio y turnada a las comisiones de Agua, presidida por Dolores Eliza García Román, una de las suscritas a la propuesta; primera y segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal presididas por el morenista Cuauhtli Badillo Moreno y la panista María Aranzazú Puente Bustindui.

Si bien los diputados Mauricio Ramírez Konishi, de Movimiento Ciudadano, y Juan Francisco Aguilar Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), reconocieron que podría tratarse de un organismo obsoleto, consideraron que la propuesta podría conllevar acciones o controversias de inconstitucionalidad.

En su caso, Aguilar Hernández afirmó que podría ser que la iniciativa para extinguir al organismo operador conlleve una acción de inconstitucionalidad o controversia inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la inconformidad que hay en el Congreso, o en su caso de instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los cabildos en los ayuntamientos, ya que es una decisión de los gobiernos municipales. Esto como una opinión previa al estudio de fondo de la iniciativa, incluso mencionó la posibilidad de privatizar el servicio.

Ramírez Konishi señaló que se trata de una facultad exclusiva de los municipios en cuanto a tomar la decisión de cómo operar los servicios de drenaje y saneamiento, ya que estos mismos acordaron integrar el organismo intermunicipal y deberían decidir si desintegrarlo o no.

“Si los diputados aprobamos esto iríamos fuera de nuestra jurisdicción, deberíamos respetar la autonomía municipal y que ellos decidan generar uno nuevo o desintegrarlo”.

Por su parte, el diputado del PVEM, José Luis Fernández Martínez, defendió la iniciativa al manifestar que no representa una acción de inconstitucionalidad, como lo señala un transitorio en el decreto de creación del organismo, a la par de que señalan una congruencia con los pronunciamientos de los alcaldes electos de la capital, Enrique Galindo Ceballos; de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro; y Cerro de San Pedro, Jesús Nava Loredo.

Agregó que una vez instaladas las comisiones para procesar la iniciativa, se buscará la opinión de los ayuntamientos, del Gobierno del Estado, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “vamos a hacernos llegar de toda la información que sea prudente para tomar una buena decisión”.

Otros de sus argumentos es el artículo 12 del Decreto de creación del Interapas, el cual establece que “el Congreso del Estado podrá decretar la desaparición del organismo operador intermunicipal por violaciones a la Constitución General de la República, a la Constitución Política del Estado, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y al presente Decreto; así como por deficiencias o irregularidades en la prestación del servicio”.

“Yo creo que hay una mayoría que apoya esta idea que tendrá que poner un transitorio en comisiones donde vendrán muchos ajustes a la forma en que fue presentada, y creo que tiene un gran respaldo”.

Indicó que más allá de los votos de las y los legisladores, la gente muestra fastidio y quiere soluciones al problema del agua “y el gran responsable en esta gestión es el organismo”, mientras que en su intervención en tribuna identificó a este como uno de los elementos más grandes de la “herencia maldita”.

Respecto a las afectaciones que podría sufrir Cerro de San Pedro, que es un municipio con menos recursos en el papel, recordó el plazo de 180 días durante los cuales será la CEA quien preste este servicio.

“Este ente será quien tendrá que acompañar a los municipios, a los tres municipios, para hacer una entrega-recepción justa y equilibrada, y generar las bases suficientes para que se pueda presentar este servicio”.

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