Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) alertó respecto de que la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado se obstina en promover una nueva Ley de Consulta Indígena, pese a que la consulta en la que se basó la iniciativa fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2023, además de que en los foros diversas comunidades se manifestaron en contra de la derogación de la normativa vigente.
Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM, hizo mención de que a pesar de que el en días pasados el Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi) informó al Legislativo de estar en desacuerdo con la iniciativa, en tanto no se realice una consulta indígena correcta, la comisión presidida por la diputada Bernarda Reyes Hernández se obstina en emitir una nueva ley para simular que hubo trabajo en favor de los pueblos y comunidades.
El activista puntualizó que la consulta donde esta iniciativa fue presentada a los interesados, realizada en 2022, fue cuestionada por la SCJN y el 11 de junio de 2023 resolvió las acciones de inconstitucionalidad 141 y 152 en las que se invalidó la misma y las disposiciones modificadas particularmente las referentes a la Ley Electoral del Estado, debido a que no cumplió los requisitos mínimos.
Asimismo, indicó que, durante los foros de la consulta, diversas comunidades entregaron actas en las que manifestaron su negativa para tal pretensión de derogar la Ley de Consulta y generar otra, pues era evidente que la iniciativa que se pretende imponer es regresiva de los derechos constitucionales.
“Como siempre la comisión incompetente quiere modificar a última hora leyes indígenas que, a la fecha, mal o bien han posibilitado regular los excesos de los gobernantes y proteger el derecho a la participación y consulta a los pueblos indígenas”.
Cisneros Sánchez dijo que es ocioso este intento y sólo enturbia la situación en un momento en el que la vigencia de la actual legislatura esta por fenecer, y aunque la prueba pueda ser relevante y valiosa para el caso, si se obtuvo mediante métodos ilegales no puede ser admitida en un procedimiento legislativo.
Finalmente, apuntó que en el caso del Indepi, que es el garante de los derechos indígenas, no bastaría con informar al Congreso el posicionamiento del Consejo Consultivo Indígena sino que tendría que colocarse en la defensa del marco normativo y de la legalidad, pues no se trata de “lavarse las manos”, más bien es de hacer frente a la simulación y a la arbitrariedad.
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