Abelardo Medellín
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito resolvió otorgar un amparo a un grupo de personas con discapacidad que argumentaron omisiones en la realización de la consulta para personas con discapacidad realizada como parte de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021 – 2027, del actual Gobierno de San Luis Potosí.
Este jueves 7 de diciembre, el Tribunal Colegiado discutió y resolvió otorgar la protección federal a los quejosos en el juicio de amparo 722/2022, por lo que ampara a los afectados por vicios formales y resuelve que la consulta realizada por el Congreso del Estado y que sustentó el PED promovido por el Ejecutivo, fue un ejercicio simulado.
De acuerdo con el análisis expuesto en el proyecto y presentado por el magistrado Alejandro Lemus Pérez, el ejercicio de consulta a las personas con discapacidad careció de un plan, por lo que no fue “estrecha, activa, libre, abierta, informada, incluyente y participativa”, como requieren las consideraciones de ley.
De igual manera, el magistrado repasó una serie de vicios que se encontraron en la celebración de esta consulta: no se dio un análisis de lo que se realizaría, no se contrataron intérpretes, no se realizó una convocatoria adecuada y no se contrató personal especializado en el tema de personas con discapacidad.
En el proyecto se hace notar que las actividades propias de la consulta para personas con discapacidad estaban orientadas a una lógica asistencialista, perpetuando el discurso de que este sector solo tiene derechos asistenciales.
Esta visión asistencialista también se notó en la redacción completa del PED, al no tomarse en cuenta la desaparición de la educación segregada, además de no considerar acciones afirmativas para un mejor acceso a trabajos dignos ni plantear equidad en el acceso al derecho a la cultura, sumado a que no se informó debidamente lo que se consultaba y tampoco se entregó un reporte para hacer públicos los resultados.
De acuerdo con Luis González Lozano, abogado y activista que ayudó con la promoción de este amparo, la resolución solo derribaría el apartado referente a personas con discapacidad que viene dentro del PED y, en consecuencia, se obligaría al Congreso del Estado y al Gobierno a reponer el proceso de consulta.
“Es una victoria histórica porque con estos procedimientos se está dando voz real y efectiva a los ciudadanos para que participen en las decisiones gubernamentales, es decir, ataca frontalmente los caprichos de las autoridades para identificar las verdaderas necesidades de la población”, señaló el activista al respecto de esta resolución.
