Carlos Rubio
A más tardar el 30 de junio el Congreso del Estado deberá expedir una Ley de Comunicación Social que regule el gasto de los entes públicos en los medios de comunicación y, además, esta normativa deberá garantizarle a la ciudadanía información veraz y de interés público, contraria a la promoción personalizada a la que muchos servidores públicos recurren hoy en día.
La Ley General de Comunicación Social fue promulgada en el Congreso de la Unión el 11 de mayo de 2018, con la cual se regulaba el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual enuncia:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Luego de ser aprobada se generó un debate entorno a dicha Ley, ya que en uno de sus puntos determinaba que la Secretaría de Gobernación sería la encargada de regular una estrategia de comunicación social y, por ende, controlar la información que se transmitía a los medios de comunicación.
La Ley tampoco limitaba la práctica de los funcionarios públicos de utilizar la propaganda oficial para promocionar su figura y sus logros como históricamente se ha hecho, cuando debería utilizarse para brindarle un servicio de información a la ciudadanía.
Por otra parte, tampoco se contemplaban sanciones para quienes infringieran los artículos que conformaban la Ley; se nombraban infracciones, sin embargo no contenía sanciones para las mismas. Por estas y más razones, los legisladores que en ese entonces se opusieron a esta Ley, la nombraron como “Ley Chayote”.
Uno de los transitorios de esta Ley establecía un plazo no mayor a 90 días para que cada Estado legislara entorno a ella y estableciera su propio mecanismo que regulara tanto el gasto en medios de comunicación como la información que se difundía a través de ellos.
Es por eso que el Congreso de San Luis Potosí estaba siendo omiso, ya que al pasar los 90 días no se armonizó su legislación respecto a dicha Ley y, a pesar de que desde su raíz fue criticada en el Congreso de la Unión, los diputados locales tenían la ventaja y el deber de establecer una normativa que realmente garantizara el derecho a la libertad de expresión para los medios de comunicación y a la libertad de información por parte de la ciudadanía.
Un salón de clases, el lugar donde se
emprendió el camino hacia esta Ley
Astrolabio Diario Digital conversó con Carolina Jayme Foyo, comunicóloga y docente de la Universidad del Centro de México (UCEM), quien, junto a sus alumnos de las materias de Comunicación Social y Comunicación Social y Política, se dio a la tarea de analizar dicha Ley y, apoyados por el Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis y la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, promovieron un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el cual, un año después, les otorgó una sentencia a su favor.
“La sentencia habla sobre cómo la falta de normatividad, la falta de reglas es un mecanismo de censura indirecta. Recordemos que hace muchos años el Gobierno también censuraba con el manejo del papel, cuando era el que le vendía el papel a los periódicos y hoy en día pudiera parecer algo similar: te doy publicidad o no, dependiendo de qué tanto te alinees a lo que le conviene decir a los gobiernos”, comentó Carolina Jayme.
La sentencia del Juzgado establece que “la falta de lineamientos claros para el uso de los recursos públicos bajo el rubro de publicidad gubernamental potencializa su utilización arbitraria, discrecional e indebida” y con esto, se comprometió el derecho a la información por parte de la ciudadanía.
En ese sentido, la sentencia también refiere que la omisión del Congreso del Estado al expedir esta Ley, vulnera el de la sociedad a recibir información confiable, toda vez que, en primera instancia, se encuentra vulnerado el derecho a la libertad de expresión.
“Tratándose de órganos gubernamentales, la difusión de la información de su interés debe hacerse con pautas claras y adecuadas, no con sesgos noticiosos tendenciosos que puedan favorecer ciertos criterios editoriales a cambio de pagos por publicidad”, continúa suscribiendo la sentencia.
Para la docente de la UCEM, esta Ley traería beneficios a la ciudadanía, una vez que los medios de comunicación alcancen la libertad de expresión que les permita ejercer un periodismo con información objetiva y plural y no sesgada bajo intereses políticos propiciados por el financiamiento, como sucede actualmente.
Además, Carolina Jayme también plantea la posibilidad de exigirle a los medios que cuenten con un código de ética, “que vigile el cumplimiento de los derechos de las audiencias (…) creo que esto puede impulsarnos a ir combatiendo este asunto de las noticias falsas bajo un periodismo mucho más profesional”.
Según la comunicóloga, anteriormente en el Congreso del Estado ya han existido iniciativas referentes a la Ley de Comunicación Social, sin embargo, estas carecían de especificaciones como sucedió con la aprobada en el Congreso de la Unión.
Otra de las cuestiones que abarcaría esta Ley, sería la elaboración de un padrón de medios de comunicación que puedan ser contratados por los entes públicos, el cual contendría cuestiones como medición de audiencia, alcance y costos por publicaciones, con esto primordialmente se ayudaría a fijar un tope máximo del gasto que puede tener cada órgano de gobierno en un medio de comunicación.
Recordó que en la Ley General de Comunicación Social del 2018 abarca el concepto de “difusión de logros y acciones”, el cual desemboca entorno a la práctica de la promoción personalizada: “Deberíamos estar buscando más la rendición de cuentas y no tanto en estar difundiendo logros”, sostuvo.
Finalmente, Carolina Jayme pidió apertura al diálogo por parte del Congreso del Estado para analizar las mejores propuestas que puedan conformar una amplia y transparente Ley de Comunicación Social, donde también converjan las voces de periodistas y comunicadores, además de la academia, siendo esta última la instancia en donde nació la idea de promover el amparo que le brindará a San Luis Potosí una regulación de la propaganda oficial a más tardar el 30 de junio.
