Angélica Campillo
En sesión ordinaria y por unanimidad, el pleno del Congreso del Estado aprobó el decreto que expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en la que se destaca la obtención de sus propios recursos por los medios que considere convenientes.
Durante su intervención, la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero apuntó que esta nueva ley es resultado de un amplio ejercicio de deliberación con la propia universidad y busca que cuente con un marco jurídico moderno, que incorpore la perspectiva de derechos humanos, género y una mejor y más adecuada funcionalidad acorde a los nuevos tiempos que se viven.
Esto debido a que la Ley Reglamentaria del Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que con este decreto se abroga, data del 22 de diciembre de 1949.
La diputada María Claudia Tristán Alvarado destacó que con la Ley Orgánica, la UASLP va a poder hacer uso de donaciones particulares en la medida que lo requiera y además contempla el tema de la violencia de género.
“Vienen situaciones acordes a su funcionamiento, y en él, los mismos entes van a poder tomar las decisiones correspondientes”, recalcó.
De acuerdo con el dictamen, además de contar con un ordenamiento que le rija de acuerdo a la realidad actual, con esta nueva ley se atenderán aspectos sustantivos importantes que tengan que ver con la denominación de la universidad, sus finalidades, organización, gobierno interno y con el desarrollo actual de sus actividades académicas, de investigación, extensión y de difusión de la cultura.
El documento refiere que este nuevo ordenamiento atiende, además, temas como la naturaleza jurídica de la UASLP, sus atribuciones, los órganos de gobierno y sus facultades, los subsidios que debe recibir de la Federación, el Estado y los municipios, así como la obtención de recursos extraordinarios, entre otros.
Asimismo, otorga congruencia y legitimidad a los actos y funciones que la dinámica actual de la universidad desarrolla y requiere.
Dicha iniciativa presentada durante la pasada Legislatura, fue analizada por las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, Hacienda y Puntos Constitucionales.
