Angélica Campillo
Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado y secretario de la Comisión Jurisdiccional de juicio político en contra del exalcalde Xavier Nava Palacios y su Cabildo, aseguró que el Congreso del Estado no actuó de oficio para emprender este procedimiento, sino que obedecieron a una solicitud de los ejidatarios agraviados.
De acuerdo con lo señalado por el diputado, el Congreso “jamás actúa de oficio”, y quienes emprendieron el juicio político en contra de Xavier Nava y su Cabildo, fueron los ejidatarios de Rancho Viejo – La Libertad que se sintieron agraviados.
Anterior a ello, promovieron un juicio de amparo indirecto por la construcción de un puente en terreno ejidal, y el juez federal concedió la suspensión de plano, lo cual el exalcalde no respetó y continuó con los trabajados de dicha obra.
“Ni el juez federal ordena al Congreso, ni éste actúa de oficio” respecto al juicio político en contra del exalcalde y su Cabildo, explicó Aguilar Hernández, al mismo tiempo que sostuvo que este procedimiento fue a petición de la parte agraviada y se siguieron las reglas que marca la Ley de Juicio Político de San Luis Potosí, así como las de notificación del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado este último supletoriamente.
Respecto a por qué el Congreso se adelantó a sancionar al exalcalde, si el juicio de amparo todavía no se resuelve, el diputado manifestó que se ha confundido a la ciudadanía, ya que en ese sentido, unas son las determinaciones que pudiera llegar dictar el juez de distrito en uso de su competencia, respecto al fondo del amparo.
Sin embargo, el tema que le ocupó al Poder Legislativo fue la suspensión de plano, que está dentro del amparo promovido por los ejidatarios que, de acuerdo con el legislador, quedó firme y no la recurrió en su momento nadie del Ayuntamiento de la anterior administración, y por ello el desacato.
Según lo declarado por el diputado, el fondo del amparo va a ser si la obra se realizó o no en un terreno ejidal.
“Este juicio político no va a resolver, ni resolvió eso. Este fue exclusivamente fue atendiendo a que no se cumplió la determinación del juez”.
Aguilar Hernández aseguró que la resolución del juicio político —que derivó en la inhabilitación de Xavier Nava para ocupar algún cargo público durante 18 años, y a nueve miembros de su Cabildo por un periodo diferente— fue una determinación estrictamente jurisdiccional, sin tintes políticos, ya que se apegaron a las leyes y a los criterios de jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dice que, independiente, de que se le sancione por la vía política, de igual manera puede ser sancionado por los mismos hechos en la vía administrativa, penal y civil.
No obstante, el diputado reconoció que si bien hay tribunales que pudieran llegar a escuchar la inconformidad del exalcalde ante la determinación del Congreso del Estado, en lo que no está de acuerdo es en que se cree una inestabilidad política, que hoy no la hay en ninguno de los tres poderes, ni ve materia para que se pueda crear.
