Fernanda Durán
Durante la comparecencia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la diputada Cecilia Ochoa Limón, presidenta de la Comisión de Transparencia, advirtió que la Directiva del Congreso del Estado podría llevar a cabo una controversia de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los lineamientos que establecieron para interrumpir el plazo para resolver los recursos de revisión.
Dentro de su informe anual de actividades 2023, la CEGAIP presumió la creación de los lineamientos para la recepción, substanciación, resolución y cumplimiento de los recursos de revisión, los cuales señalan supuestos para ampliar el plazo que tiene el organismo para resolver los recursos de revisión, por lo que la diputada lanzó el cuestionamiento a los tres comisionados sobre si no consideraron un exceso la medida que pudiera resultar inconstitucional por invasión de competencias.
Los comisionados justificaron la creación de estos lineamientos como un resultado de una jurisprudencia emitida en marzo de 2023, cuyos antecedentes surgen en 2018, que le dan la facultad como organismo autónomo de emitir normas generales, incluyendo el orden administrativo sancionador y que buscan apegarse al debido proceso.
“Nosotros actualizamos y establecimos el desarrollo de esa norma general a una reglamentaria. Si bien es cierto indica que se tienen que resolver en 30 días, no indica el procedimiento de la recepción; en la recepción tiene que haber un procedimiento”.
Por su parte, el comisionado presidente David Menchaca Zúñiga agregó:
“Nosotros no tenemos la voluntad de que una autoridad no funde su resolución. Nosotros no tenemos la voluntad de retrasar ningún procedimiento. Nosotros no tenemos absolutamente ningún acuerdo con nadie para retrasar el cumplimiento de la ley”.
En caso de la agenda como factor para aplazar la resolución de los recursos de revisión, les cuestionó si su asistencia a congresos o pláticas o capacitación, serían un factor para ello, y aunque en el reglamento emitido por la CEGAIP no se específica, aseguraron que solamente aplica cuando el comisionado presidente sea llamado a las sesiones extraordinarias del sistema nacional de transparencia.
La diputada Liliana Flores Almazán cuestionó sobre el exhorto emitido en septiembre por el Poder Legislativo acerca de los avances y aplicaciones de los tiempos que marca la ley sobre los recursos de revisión, del cual informaron que apenas se recibió la respuesta este jueves 14 de marzo, cinco meses después.
En cuanto a la calidad de la información, el diputado Edmundo Torrescano Medina comparó los niveles de porcentaje de cumplimiento cuantitativo, de información pública con el cumplimiento cualitativo y en su caso, los mecanismos de sanción como procedimiento de responsabilidad que tendría que utilizar la CEGAIP, ya que existen sujetos obligados que cumplen con el 100 por ciento de la transparencia, pero los documentos que dan a conocer no contienen información.
Menchaca Zúñiga mencionó que “tiene la impresión” de que jurídicamente se encuentran limitados en el aspecto de proceder con sanciones administrativas, pero en el aspecto de revisión de cada formato un área de seis trabajadores y un programa de inteligencia artificial se encargan de ello.
Torrescano les refirió que la CEGAIP está obligada a presentar las denuncias ante los órganos internos de control por la falta de información, aunque el organismo no contaba en ese momento con el número de denuncias promovidas. Aseguraron que sí se le da vista a los órganos internos de control, los cuales no lo consideran como una falta grave.
A pesar de que faltan alrededor de cuatro meses para que la legislatura termine y el trabajo legislativo ha disminuido, los diputados y diputadas en la comparecencia invitaron a la CEGAIP a dialogar para generar mecanismos que fortalezcan y aceleren el trabajo de la Comisión para mejorar la transparencia.
En la presentación de su informe de actividades de 2023, el titular de la CEGAIP señaló que se realizaron mil 825 recursos de revisión a entes públicos, mil 817 de estos fueron en materia de acceso a la información pública y ocho en materia de datos personales.
Mientras se realizaron 10 mil 500 solicitudes de información a entes públicos, de las que el 40 por ciento no corresponden al derecho de acceso a la información sino a consultas o peticiones de otro tipo, según lo manifestado por los comisionados.
