Leticia Vaca
El Pleno del Congreso del Estado aprobó regresar a la Comisión de Vigilancia los dictámenes de los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2018 del Poder Judicial y del Ayuntamiento de la Capital, por detectar anomalías en su revisión.
El regresarlos, explicó José Antonio Zapata Meraz, presidente de la Comisión de Vigilancia, es con el fin de que se analice si hay elementos suficientes para que se realicen auditorías especiales en ambos casos.
En el caso del Poder Judicial, el argumento fue que son cerca de mil millones de pesos del presupuesto ejercido, y la ASE reportó una opinión limpia y con muy pocas observaciones.
Caso contrario en el Ayuntamiento de Capital, donde se concentra una gran cantidad de observaciones, casi el 30 por ciento del total de observaciones de los 113 entes, “cerca de 297 millones de pesos de 890 millones, por lo que están solicitando el poder ampliar la auditoría”.
“Los dictámenes de estos dos entes recibieron una opinión no favorable al trabajo que realizó la Auditoría (…) se observó que la Auditoría no se apegó correctamente a los proceso de auditoría en la revisión de estos dos entes”, reiteró.
En ese contexto, Marite Hernández Correa, Edgardo Hernández Contreras y María Isabel González Tovar, integrantes de la Comisión de Vigilancia, consideraron una irresponsabilidad avalar los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) puesto que se contó con muy poco tiempo para su revisión.
Hernández Correa declaró: “considero que el tiempo es muy corto para hacer un análisis sustancioso (…) Aunque está la propia Unidad de Evaluación y Control, tampoco tiene el tiempo suficiente para entrar a profundidad”.
Aparte, Edgardo Hernández indicó que él votó en contra en todos los informes ya que “hay una serie de irregularidades (…) yo veo en esto una trampa en la ley para que los avalemos, pero no nos vamos a prestar a ese blanqueo de cuentas; aquí comienzan las llamadas de los funcionarios, de los alcaldes, también ya hubo llamadas de parte del Ejecutivo”, acusó.
Finalmente , la legisladora González Tovar explicó que a todos los informes les faltó un estudio profundo, y criticó que “no se está dando el mismo tratamiento a todos (…) a la Auditoría le dan un año para revisar y a la Unidad de Evaluación y Control sólo se le dio 10 días”.
