Fernanda Durán
El Congreso del Estado tardó casi dos años en desechar una iniciativa ciudadana que proponía reforzar los mecanismos para prevenir y atender la violencia de género en los planteles escolares, pese a estar alineada con la Declaratoria de Alerta de Género vigente en la entidad.
La iniciativa con número de turno 4457 fue presentada el 27 de septiembre de 2023 ante la LXIII Legislatura por Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa y Mariana Juárez Moreno. Su objetivo era reformar el artículo 22 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para obligar a la Secretaría de Educación del Estado (SEGE) a establecer y evaluar protocolos claros, reportar resultados estadísticos anualmente y crear unidades de género en cada escuela pública.
La propuesta fue congelada en las comisiones legislativas por más de un año y medio. Fue hasta el 14 de abril de 2025, ya bajo la LXIV Legislatura, que el dictamen conjunto de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, e Igualdad de Género, resolvió desecharla formalmente sin que se llevara a debate público en el Pleno.
El dictamen argumenta que las acciones planteadas ya están contempladas en diversas leyes y decretos vigentes, como el artículo 76 BIS de la Ley de Educación del Estado y el decreto que establece unidades de género en dependencias estatales.
No obstante, la iniciativa proponía medidas concretas a nivel escolar, como la evaluación anual de protocolos, la creación de unidades con personal de psicología y trabajo social en cada plantel y la articulación directa con el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM).
“Las escuelas deben ser espacios seguros, pero actualmente se carece de protocolos claros para atender situaciones de violencia de género”, advertía la exposición de motivos de la iniciativa.
Las proponentes subrayaron que los casos de acoso, discriminación y violencia sexual en planteles educativos son una realidad frecuente, y que el personal carece de capacitación adecuada para actuar de forma oportuna y sensible.
Además, señalaron que la propuesta respondía directamente a la cuarta medida de prevención de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en San Luis Potosí, la cual exige impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el ámbito educativo, tanto público como privado.
Pese a ello, la Secretaría de Educación, en su respuesta oficial de octubre de 2023, consideró que los planteamientos de la iniciativa ya estaban contemplados en la legislación vigente y que ciertas atribuciones propuestas eran competencia del Instituto de las Mujeres del Estado, no de la SEGE.
El presidente de la Directiva del Congreso, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, reconoció que el retraso se debió a que el tema permaneció sin atención por parte de las comisiones legislativas.
“Este dictamen, entiendo, se tomó con base en algunas opiniones, incluso de la propia SEGE. Hay disposiciones que ya se encuentran en ejecución y que se contravenían con lo que se proponía, por eso la comisión aprobó el dictamen en esos términos”, declaró.
Cuestionado sobre por qué no se dictaminó a pesar de contar desde 2023 con respuesta negativa de la SEGE, Badillo Moreno aceptó que el tema simplemente no fue retomado.
“Creo que la comisión no lo había puesto sobre la mesa. Esta nueva legislatura no le había dado el interés por ahí para sacar ya los temas que habían estado rezagados. Hoy estamos solicitando que los temas estén saliendo y que las comisiones ya no tengan pendientes”.
Sobre si hubo fallas por parte de los asesores técnicos, el legislador defendió su labor.
“Los asesores de las comisiones son profesionales, saben de su trabajo, y lo positivo ahorita es que ya están saliendo las comisiones del trabajo rezagado que tenían cada una de ellas”.
Aunque el Congreso desechó el dictamen, la iniciativa pone de relieve la lentitud con la que el Poder Legislativo atiende las propuestas ciudadanas, incluso aquellas que abordan problemáticas reconocidas por la propia alerta de género.
