Por Victoriano Martínez
Si en la última década se ha vuelto una tradición que cada nueva Legislatura resulte peor que su antecesora, en materia de transparencia no es la excepción, así tengan que violar la Constitución y las leyes que ellos mismos aprueban.
La actual Legislatura ha llevado al extremo su incumplimiento del principio de progresividad que establece el artículo 1º de la Constitución federal al ocultar, a partir del pasado mes de diciembre, la relación de cheques emitidos por el Congreso del Estado, y pretender publicarlos a partir de este año por periodos de tres meses.
La medida rompe con un derecho adquirido por la sociedad potosina, a la que –desde finales de la LVII Legislatura, se le daban a conocer diariamente los movimientos de egresos con la lista de los cheques emitidos diariamente, los que se publicaban en la página de internet al terminarla jornada.
A mediados de la pasada Legislatura, la LX, comenzó a darse marcha atrás en ese derecho adquirido de los potosinos, y se comenzaron a publicar los listados por periodos mensuales, dentro de los 15 días posteriores a la conclusión de cada mes.
Aunque se ajustaron a lo establecido por la Ley de Transparencia entonces vigente, rompieron la tendencia progresiva del derecho, pero además incumplieron con la voluntad ya manifestada de favorecer el principio de máxima publicidad. La actual Legislatura mantuvo esa tendencia, pero ahora la lleva a un mayor retroceso.
“De acuerdo a lo que establece el Artículo 51 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de Internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía Internet”.
Con ese aviso, el Congreso del Estado oculta las listas de los cheques emitidos durante el mes pasado, lo que representa un revés adicional que atenta contra el principio constitucional de progresividad, pero también viola el artículo 76 de la Ley de Transparencia que los actuales diputados aprobaron en mayo del año pasado.
“La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada mes”, ordena el artículo 76 de la Ley de Transparencia, que es la que rige la difusión de oficio de la información pública.
De manera convenenciera, los diputados se pretenden ajustar a la Ley de Contabilidad Gubernamental que nada tiene que ver son las obligaciones de difusión de oficio que ellos mismos aprobaron en la Ley de Transparencia hoy vigente.
Aun si los legisladores pretendieran argumentar que su determinación se basa en el artículo 62 de la Ley General de Transparencia, que señala un plazo de tres meses para la actualización de la información que debe ser difundida de oficio, esa norma no aplica a las autoridades estatales porque aquí se rigen por la ley estatal.
La propia Ley General de Transparencia prevé, en su artículo Séptimo transitorio, que “no se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas, los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información”.
Se trata de una previsión, en la norma federal, que busca evitar que se rompa con el principio de progresividad del derecho de acceso a la información pública.
Lejos de atender a los principios de transparencia, la vocación de opacidad de los legisladores potosinos los hace incurrir a violaciones a la Constitución y a las leyes generales y local de transparencia. Al menos, en el caso de la difusión de oficio de sus gastos se tiene un claro ejemplo que se replica en muchas otras de sus obligaciones de dar a conocer información.
