Alejandro Rubín de Celis
Al igual que en otros casos como las demandas contra Ricardo Gallardo Juárez por la compra irregular de medicamentos y por enriquecimiento ilícito ─que después de un año se turnaron a la federación supuestamente por no corresponder al orden estatal, lo que todavía está por definirse─, las 20 denuncias penales contra ocho diputados de la pasada legislatura por falsificación de firmas y uso de empresas fantasma para la supuesta entrega de apoyos sociales, presentadas por las organizaciones Ciudadanos Observando, Ganemos y el Frente Ciudadano Anticorrupción, no han registrado mayores avances en la Fiscalía General del Estado.
Esta instancia se queja de que el Congreso del Estado se ha estado negando a entregar información para integrar las carpetas ─sin que hasta ahora haya presentado oficios o escritos de las solicitudes para demostrarlo─ y no fue sino hasta que se retomaron las protestas ciudadanas y se anunciaron nuevas movilizaciones que la Fiscalía envió un oficio dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, apenas el pasado 5 de abril, para que manifieste si el Poder Legislativo presentará querella contra Mariano Niño Martínez, uno de los ex diputados señalados por actos de corrupción. Una muestra más de que, en materia de procuración de justicia, en casos delicados y comprometedores, la Fiscalía ─supuestamente autónoma del Ejecutivo estatal─ sólo actúa cuando la sociedad presiona.
Si las denuncias contra los ocho legisladores tienen ya un año de que se presentaron sin que haya avances, como lo ha denunciado el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, y la Fiscalía ha pedido información sin éxito al Congreso durante ese lapso, la instancia investigadora debería presentar las pruebas documentales de que hizo oportunamente las peticiones de la información que necesitaba, como un acto de transparencia ante a la ciudadanía.
No se explica por qué la Fiscalía no actuó en contra del Congreso si el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro al señalar, en su artículo 2015, que “Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente ─las negritas son del que escribe─ la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto…”, independientemente de las obligaciones de transparencia para los entes obligados que, en general marca el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y el 86 del mismo ordenamiento para el Congreso del Estado en lo particular.
¿Realmente será el Poder Legislativo el que ha negado la información, o es la falta de voluntad política de la Fiscalía para avanzar en las investigaciones contra los exdiputados? ¿O es que ambos están confabulados para frenar las indagatorias?
No hay que olvidar que la Fiscalía tiene pendientes otras demandas sobre la Ecuación Corrupta desde hace casi dos años y en torno a las cuales tampoco se sabe nada, y todo parece indicar que la apuesta es por el olvido.
Ciudadanos Observando, Ganemos y el Frente Ciudadano Anticorrupción acaban de denunciar que Mariano Niño ha propuesto al juez que lleva su caso un acuerdo para reparar el daño que provocó al simular la entrega de apoyos sociales, a fin de evitar la acción penal en su contra.
Con razones de sobra pues han padecido el viacrucis de presentar las denuncias ─en este y otros casos─ y acudir a la Fiscalía a pedir información sobre los avances en las investigaciones, las tres organizaciones han expresado su temor de que las demandas contra los ocho ex diputados acaben en la congeladora.
Exigen que sea el pleno del Congreso el que se pronuncie sobre la querella contra Mariano Niño y no que lo haga la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, a quien la Fiscalía ha dirigido los oficios, mismos que ella ha ocultado a sus compañeros diputados, lo que ya desató reclamos en el pleno.
La falsificación de firmas y el uso de empresa fantasma para simular la entrega de apoyos sociales, ampliamente documentadas por las organizaciones denunciantes, constituyen no sólo la comisión de delitos graves, sino un profundo agravio a los supuestos beneficiarios y a la sociedad en su conjunto que no se deben dejar pasar.
La Fiscalía General del Estado, con las diversas muestras de su falta de voluntad por resolver casos emblemáticos como la Ecuación Corrupta; y la legislatura en funciones, tras aprobar de manera ilegal las Cuentas Públicas 2017 e incurrir en otras anomalías, están nuevamente a prueba con estos casos bien documentados sobre presunta corrupción, a ver si ahora sí se deciden a aplicar la ley o si nuevamente queda de manifiesto que detrás de todo hay un pacto de impunidad.
Ante las maniobras del Poder Ejecutivo que encabeza Juan Manuel Carreras para mantener en la inoperancia el Sistema Estatal Anticorrupción y contar además con un fiscal carnal ─fiscal a modo─, es a la sociedad en su conjunto y no sólo a las tres agrupaciones civiles que han realizado una lucha encomiable, a la que corresponde ejercer presión para que La Fiscalía y el Legislativo cumplan con la responsabilidad que les toca y se haga justicia.
De no lograrlo, las demandas contra los exdiputados dormirán el sueño de los justos y la señal para los legisladores en funciones y otros funcionarios será que pueden seguir cometiendo actos de corrupción pues tienen impunidad garantizada.
